Cada peso del fondo hídrico que pagás en la nafta: el saldo que no llegó a las obras y la denuncia de Kicillof
El fondo que se paga con cada carga de nafta debía terminar en obras hidráulicas: hoy acumula 339.993 millones de pesos sin ejecutar y, según la Provincia, desviados a operaciones financieras. Kicillof va a la Justicia contra Milei y Caputo justo cuando El Niño aprieta.
El gobierno bonaerense dio un paso al frente y confirmó que denunciará penalmente a Javier Milei y a Luis Caputo por el destino de los recursos del Fondo Hídrico. La presentación, impulsada por instrucción directa de Axel Kicillof, busca establecer si hubo malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la órbita nacional.
El anuncio se hizo en La Plata, con dos ministros al frente de la conferencia: Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos) y Carlos Bianco (Gobierno). La acusación central es que la Nación ejecuta apenas uno de cada tres pesos de un fondo que se nutre con el impuesto a los combustibles y que, por ley, está atado a obras de prevención.
El fondo que sale de tu tanque de nafta
Katopodis puso el foco en el origen del dinero: cada vez que alguien carga combustible, aporta a un fondo específico que funciona por ley desde hace más de cuatro décadas y que, según remarcó, respetaron todos los gobiernos democráticos. Esos tributos tienen dos destinos previstos: el arreglo de rutas y la infraestructura hidráulica.
De acuerdo con lo que detallaron los funcionarios, el Fondo Hídrico acumula hoy un saldo de 339.993 millones de pesos que nunca se volcaron a las obras correspondientes. La denuncia sostiene que ese dinero habría terminado en operaciones financieras en lugar de convertirse en trabajos de prevención.
Los delitos que se imputan
La acción judicial contra el Presidente y el ministro de Economía formaliza las acusaciones por malversación de caudales públicos (artículo 260 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 249), retardo injustificado de pagos (artículo 264) y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (artículos 173, inciso 7°, y 174, inciso 5°).
La gestión provincial avanza así con dos medidas concretas, ambas por pedido del gobernador. La primera es la denuncia penal; la segunda, la participación formal en la audiencia pública del 26 de octubre, donde la Provincia planteará su rechazo al proceso de privatización de AySA.
El Niño y el reloj que corre
El contexto climático le da urgencia al reclamo. Con la ejecución de recursos casi nula, Katopodis advirtió que la saturación del suelo en el norte, noroeste y este del territorio bonaerense empeora semana a semana. La Provincia, dijo, monitorea de cerca la humedad, la capacidad de absorción y las precipitaciones.
"No hay ninguna duda de que vamos a tener que afrontar una situación muy grave", enfatizó el ministro de Infraestructura. La infraestructura hidráulica es, justamente, la herramienta clave para amortiguar el impacto de las inundaciones.
AySA, el otro frente de conflicto
Sobre la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos, Katopodis fue tajante: "En nombre de todos los bonaerenses rechazamos el tarifazo y todas las acciones que viene realizando AySA desde su privatización". La audiencia pública del 26 de octubre será el escenario donde la Provincia formalice esa postura.