Buscó compañía en una web de citas y cayó en una trampa que le costó casi un millón de pesos

Un vecino de Junín buscaba compañía en una página de citas, pero terminó siendo víctima de una extorsión que le vació el bolsillo. Las amenazas no pararon incluso después de transferir casi un millón de pesos, y la investigación reveló que la banda operaba desde la cárcel.

La fiscal Vanina Lisazo, junto a la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, lideró la pesquisa que destapó el origen de las intimidaciones: la Unidad Penitenciaria 16 de Junín. Allí se realizaron allanamientos que permitieron secuestrar teléfonos celulares clave para la causa.

¿Cómo operaba la red extorsiva?

Todo comenzó cuando un profesional de Junín denunció que, tras ingresar a sitios de anuncios de servicios de compañía, empezó a recibir llamadas y mensajes amenazantes. Los extorsionadores le exigían el pago de una supuesta deuda y, para aumentar la presión, utilizaban información personal de la víctima y de su familia.

El hombre realizó varias transferencias que sumaron cerca de un millón de pesos, pero los reclamos económicos continuaron. Ante la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 ordenó medidas que incluyeron requerimientos a empresas de telefonía, plataformas digitales, entidades bancarias y billeteras virtuales. Los especialistas en ciberdelitos también realizaron análisis de geolocalización y tráfico de comunicaciones para reconstruir el circuito delictivo.

Allanamientos que apuntaron al penal

Los detectives determinaron que las extorsiones se coordinaban desde la Unidad Penitenciaria 16. El principal sospechoso es un interno conocido como El Bebé, y se detectaron dispositivos telefónicos que habrían sido usados para contactar a la víctima.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó allanamientos simultáneos dentro del penal y en una casa de Junín donde, según la pesquisa, se habría recibido parte del dinero. En la cárcel se secuestraron dos teléfonos Samsung y una tarjeta SIM, elementos considerados fundamentales para la causa. Además, un interno fue notificado de la formación de una causa por presunta defraudación informática.

En el domicilio allanado, los efectivos encontraron 10 plantas de marihuana, por lo que intervino la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes y se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

Ahora, los celulares secuestrados serán sometidos a pericias informáticas forenses para extraer evidencia digital. Los investigadores buscan determinar si hubo más participantes y establecer el alcance completo de esta modalidad delictiva que combinaba operaciones desde la cárcel con colaboradores externos.