Una embarazada fue a retirar ácido fólico a un centro de salud de Godoy Cruz y volvió con un medicamento para la diabetes. El error quedó documentado en un decreto provincial, pero la sanción al técnico que lo entregó todavía no puede aplicarse: la traba que encontró el Gobierno tiene nombre y apellido gremial.
Una mujer con siete semanas de embarazo fue a la farmacia del Centro de Salud N° 30 Dr. Aldo Dapés, en Godoy Cruz, a retirar el ácido fólico que le había recetado su médico. Salió con una caja de gliclazida de 60 miligramos, un fármaco para bajar el azúcar en sangre que está desaconsejado durante la gestación.
El episodio ocurrió el 3 de febrero de 2025 y quedó reconstruido en el Decreto 2239, publicado este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza y firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero. La resolución cierra un sumario administrativo que derivó en una sanción de 30 días de suspensión para el técnico en farmacia que hizo la entrega.
La receta decía una cosa y el blíster otra
Según el expediente, la paciente llegó a la farmacia del establecimiento, dependiente del Área Sanitaria de Godoy Cruz, con una prescripción de ácido fólico de 1 miligramo, el suplemento que suele indicarse en los primeros meses del embarazo. El técnico identificado como D.F.L. le entregó en cambio gliclazida.
El error quedó asentado en un informe del 13 de febrero. Los instructores concluyeron que la dispensa representó un riesgo para la salud de la mujer y del bebé, porque ese medicamento no está recomendado en personas embarazadas.
La paciente notó la equivocación y regresó al centro asistencial. A la causa se sumaron una nota manuscrita de la mujer, documentación médica, una foto del blíster recibido y los controles de stock de la farmacia.
El detalle del inventario que terminó de cerrar el caso
Esos registros fueron clave. En las existencias había menos unidades de gliclazida de las que debían estar y sobraban de ácido fólico. Esa diferencia permitió comprobar que se había entregado un producto distinto del recetado.
La investigación también se ocupó de determinar quién atendió a la mujer. El informe del Área Sanitaria de Godoy Cruz indica que ese día estaban en la farmacia el técnico investigado y una empleada. La paciente declaró que la había atendido un hombre, dato que llevó a los instructores a atribuir la entrega a D.F.L.
La defensa del técnico y la respuesta de las autoridades
En su descargo, el trabajador sostuvo que en el servicio pueden producirse errores humanos, habló de una presunta persecución laboral y sindical y remarcó que la mujer no había dejado una queja en el libro del establecimiento. También afirmó que ni la paciente ni el bebé habían sufrido daños efectivos.
Para las autoridades, la ausencia de lesiones comprobadas no borra la responsabilidad administrativa por el riesgo que generó entregar una medicación diferente de la indicada. Tampoco aceptaron que la firma de recepción de la paciente implicara conformidad con lo que le dieron.
El expediente menciona que el técnico invocó más de 25 años de trayectoria laboral. Los responsables del sumario entendieron, en cambio, que esa experiencia exigía un cuidado mayor al momento de dispensar medicamentos.
Dictamen dividido y una traba gremial
La Junta de Disciplina emitió un dictamen dividido: la mayoría recomendó una suspensión de 30 días y uno de sus integrantes propuso la cesantía. Por unanimidad, el organismo también aconsejó inhabilitar la matrícula del trabajador.
El Gobierno provincial resolvió aplicar la suspensión de 30 días, pero su ejecución quedó condicionada. El empleado había sido elegido delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para el período 2024-2026 y estaba amparado por la tutela sindical prevista en la legislación nacional.
Por eso el decreto, firmado el 16 de octubre, instruyó a la Asesoría de Gobierno a impulsar las acciones judiciales necesarias para excluir esa protección gremial y así poder ejecutar la sanción. La suspensión no podrá hacerse efectiva hasta que ese trámite judicial se resuelva a favor.
El documento difundido este jueves no informa que se hayan producido daños en la salud de la paciente o del embarazo, ni acredita que la suspensión ya haya comenzado a cumplirse.
