Buscaban al "Conejo" Martínez por narcolavado, pero alguien le avisó antes: ahora hay 11 detenidos

El exintendente de Aguas Blancas Carlos "Conejo" Martínez sigue prófugo y tiene pedido de captura, luego de escapar el sábado justo cuando las fuerzas federales llegaban para detenerlo. La investigación lo señala como presunto jefe de una organización que blanqueaba dinero del narcotráfico, y su fuga despertó una sospecha que todavía no está confirmada: que alguien le haya filtrado la información del operativo.

La causa, impulsada por la Procunar y la Procelac —ambas dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Nación—, demandó casi dos años de tareas previas. Como resultado, se realizaron 32 allanamientos y quedaron detenidas 11 personas, entre ellas familiares directos del exintendente y dos contadores. Un segundo sospechoso también permanece prófugo.

La audiencia de imputación

Este martes, el juez federal de Orán Gustavo Montoya encabezó la audiencia de imputación, que se extendió por seis horas. Al término, dispuso prisión preventiva efectiva para siete de los acusados y fijó un plazo de seis meses para que la fiscalía cierre la investigación.

Para los otros cuatro imputados, el magistrado aplicó medidas menos severas: obligación de someterse al proceso, prohibición de entorpecer la causa y prohibición de salir del país por dos meses. Entre quienes recibieron esas condiciones aparecen María Cristina Flores, Mauro Alberto Rojas y el contador Julián Manuel Barreiro.

El entorno familiar, en la mira

La hipótesis fiscal, expuesta durante la audiencia, apunta a una asociación ilícita que habría introducido fondos de origen narco en la economía formal. En esa estructura aparecen nombres del círculo íntimo de Martínez: su hijo Miguel Ángel Martínez, su hija Jessica Elizabeth Martínez, su exmujer Nancy Mirta Cordero y su actual pareja, Tamara Tapia.

También fueron imputados los contadores públicos nacionales Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro. Según la fiscalía, habrían puesto sus conocimientos técnicos al servicio del esquema para bancarizar fondos e incorporar bienes de origen ilícito al circuito financiero legal. La nómina la completan Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.

La carpintería que escondía préstamos "gota a gota"

Uno de los mecanismos que investiga la fiscalía es el que se le atribuye a Rafael Antonio Aragón Rodríguez, un ciudadano colombiano que vive en Orán desde hace 16 años. De acuerdo con la hipótesis oficial, habría usado una carpintería como pantalla para montar un sistema de préstamos informales bajo la modalidad conocida como "gota a gota".

En los allanamientos se secuestraron 35 teléfonos celulares, además de computadoras, notebooks y pendrives. Montoya autorizó la apertura y el peritaje de todos esos dispositivos, y también pidió a las empresas telefónicas los registros de llamadas entrantes y salientes.

Prisión preventiva y debate por los plazos

La fiscalía había pedido declarar la causa de trámite complejo, lo que le habría permitido disponer de hasta dos años adicionales. Las defensas se opusieron con un argumento central: después de casi dos años de investigación previa, correspondía avanzar hacia una definición en un plazo razonable. El juez terminó fijando seis meses.

Una condena que ya cumplió

"Conejo" Martínez no es ajeno a los tribunales. En diciembre de 2025 fue condenado en una causa provincial a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.

Aunque la pena era de cumplimiento efectivo, le concedieron prisión domiciliaria y la cumplió en su casa. Al momento del operativo federal, esa condena ya estaba saldada. En un juicio abreviado había admitido haber recibido y compartido información confidencial de la investigación por el asesinato de su hermano, César "Oreja" Martínez, acribillado en 2023. También reconoció haber influido sobre testigos y borrado datos de dispositivos para entorpecer las pesquisas. Ese expediente es distinto del actual, donde ahora es buscado.

El otro frente: el robo a Abra del Sol

La causa federal también salpica a Dimas José Ruiz, que tiene pendiente un juicio en la Justicia provincial por el asalto a la empresa frutihortícola Abra del Sol. Este martes 6 de octubre, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que los fiscales presentaron un pedido de pronto despacho ante el Tribunal de Juicio: la causa fue elevada a juicio en marzo de 2025 y todavía no tiene fecha de debate.

La presentación la hicieron los fiscales Daniel Espilocín, Pablo Cabot, María Luján Sodero, María Soledad Filtrín Cuezzo y Claudia Carreras, integrantes de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte. Calificaron la demora como "injustificada" y advirtieron que provocó el vencimiento de los plazos de prisión preventiva de Ruiz y de Matías Ezequiel Malissia, cuyas responsabilidades penales deben definirse en juicio. También reclamaron que se resuelva la situación de Marcelino Daniel Cruz, que sigue privado de su libertad e imputado en otro expediente.

La Unidad Fiscal pidió que se fije directamente el debate oral y público. Y planteó que, si la acumulación de expedientes retrasa su realización, se deje sin efecto y se avance con las audiencias correspondientes. Además, dejó formulada una reserva para acudir ante la Corte de Justicia mediante una queja por retardo de justicia.

Cómo fue el robo que originó todo

La causa provincial se remonta al 16 de diciembre de 2022. Según la acusación, al menos ocho personas ingresaron a Abra del Sol con los rostros cubiertos y armas en mano. Tras reducir y maniatar al personal, se habrían llevado 13 millones de pesos, 160 mil dólares y una camioneta.

Ruiz era gerente comercial de la empresa. La hipótesis fiscal sostiene que habría simulado ser una víctima y colaborado al principio con los investigadores, para después pasar información a los autores del robo y facilitar su fuga. La investigación incorporó videos, fotografías y grabaciones de llamadas obtenidas de dispositivos secuestrados, que según la Unidad Fiscal aportaron evidencia sobre la planificación del hecho y las maniobras para entorpecer la pesquisa.

En ese expediente ya fueron condenados Cristian Gabriel Palavecino, Brian Gabriel Palavecino, Delfor Rogelio Sandoval y Javier Antonio Romero. Las situaciones de Ruiz, Cruz y Malissia siguen pendientes de resolución en un debate oral.