Bullrich negocia con ministros de salud para destrabar la reforma de la ley de Salud Mental

La senadora Patricia Bullrich, al frente del bloque de La Libertad Avanza, intensifica gestiones para destrabar la reforma de la ley de Salud Mental, que incluye cambios polémicos como las internaciones involuntarias y el tratamiento de las adicciones como enfermedad mental. Tras reuniones con ministros provinciales, el proyecto sigue sin consenso en el Senado.

Bullrich, acompañada por Ivana Arrascaeta, presidenta de la comisión de Salud, mantuvo este lunes una videoconferencia con los titulares de las carteras sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.

La agenda continúa este martes: por la mañana se reunirá con los ministros de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones; por la tarde, con los de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

Qué busca la reforma

Bullrich enfatizó que la ley actual presenta "dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves" y subrayó que "la salud mental no puede seguir esperando". La reforma apunta a "dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminen en tragedias".

El Ejecutivo envió el proyecto al Senado el 18 de abril. Tras dos reuniones informativas (28 de abril y 12 de mayo), aún no se logró un acuerdo político entre los bloques, que proponen modificaciones al texto original.

Los puntos en discusión

Entre los cambios que se analizan, se destaca que las internaciones involuntarias requerirían la firma de dos profesionales, uno de ellos médico y, en lo posible, psiquiatra, en lugar de un único psiquiatra como planteaba el proyecto original.

Solo se permitirían estas internaciones "ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros". Además, se ampliaría de 48 horas el plazo para informar a la justicia los motivos de la decisión en casos excepcionales.

Otra propuesta es establecer un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito para la internación, con notificación anticipada al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de salida.

También se evalúa incorporar un artículo específico sobre consumo problemático de sustancias en menores, que deberían ser atendidos por equipos con formación infanto-juvenil.

Se mantendría la prohibición de crear manicomios y de la internación crónica por problemas de salud mental. Además, se eliminarían los artículos referidos a la ley 26.827 sobre el Comité de Tortura.