BOLSILLO: El gas que se viene en la Patagonia: quién terminará pagando la deuda de una obra demorada
¿Por qué el gas que usan más de 126 mil patagónicos podría subir un 35% y quién decidió que ese costo lo paguen ellos?
El diputado nacional Juan Pablo Luque presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo Nacional explique cómo se trasladará a los usuarios el repago de créditos que Camuzzi Gas del Sur tomó para financiar obras del gasoducto Cordillerano-Patagónico. La Resolución ENREGE N.º 575/2026, publicada el 8 de septiembre, abrió una consulta pública para definir un cargo específico con el que se cancelarían esos préstamos.
El mecanismo alcanzaría a 126.711 usuarios de 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. En Chubut, la medida afectaría a más de 32 mil usuarios de la cordillera, la pre cordillera y la comarca andina. Los números por localidad son los siguientes: Esquel (14.176 usuarios), Trevelin (3.946), Lago Puelo (3.816), El Hoyo (1.450), El Maitén (1.860), Cholila (1.013), Epuyén (772), Tecka (606), Corcovado (729), Gobernador Costa (1.106), José de San Martín (776), Río Mayo (1.270), Alto Río Senguer (659) y Río Pico (482).
El cargo específico propuesto equivaldría al 35% del cargo fijo de cada categoría tarifaria. La estructura financiera de la operación es uno de los puntos centrales del pedido de informes. Según la documentación del propio ENREGE, el capital desembolsado fue de $25.800 millones, pero la capitalización de intereses e IVA durante el período de gracia elevó el monto a $35.111 millones antes de empezar la amortización. Es decir, un sobrecosto de $9.311 millones. A eso se sumarán los intereses de las 48 cuotas de amortización, además de gastos, comisiones e impuestos.
“No podemos aceptar que una vez más sean los usuarios más vulnerables los que terminen pagando los costos de decisiones financieras que no tomaron. Estamos hablando de un servicio esencial para miles de familias patagónicas, en una región donde el gas no es un lujo ni un consumo optativo: es una necesidad básica”, sostuvo Luque.
El legislador también apuntó contra el esquema elegido: “Quiero saber quién decidió este esquema, por qué se eligió una tasa variable, qué alternativas se evaluaron y cuánto terminarán pagando realmente las familias chubutenses. Si el Estado puso los equipos y durante años se demoraron las obras, no podemos mirar para otro lado cuando ahora se pretende trasladar el costo financiero a los usuarios”.
El proyecto reclama precisiones sobre el impacto diferencial del cargo en localidades de la meseta central chubutense como Gobernador Costa, José de San Martín, Río Mayo, Río Pico, Tecka y Alto Río Senguer, donde los indicadores socioeconómicos son inferiores a los de otras localidades alcanzadas. El mecanismo propuesto aplica el cargo de manera uniforme, sin contemplar mecanismos de atenuación para los usuarios más vulnerables.
Luque cuestionó además el plazo de 15 días hábiles fijado para la consulta pública, teniendo en cuenta la complejidad técnica y financiera de la medida, la cantidad de usuarios afectados y las dificultades de conectividad que existen en distintas localidades de la meseta y la cordillera chubutense.
“Antes de cargar otro costo sobre las familias patagónicas, necesitamos transparencia, información y respuestas. El gas es un servicio esencial y los usuarios no pueden ser la variable de ajuste de una ingeniería financiera que todavía no está suficientemente explicada”, concluyó el diputado.
