Bloqueo total en Peñas Negras: la comunidad indígena cortó los accesos y denuncia represión

La comunidad aborigen de Peñas Negras, en el departamento Belén, vive una jornada de máxima tensión. Los pobladores decidieron bloquear los accesos al territorio luego de que la empresa minera Elevado Gold S.A. ingresara sin aviso ni consentimiento previo, según denunciaron los propios habitantes.

En medio del conflicto, la abogada de la comunidad, Andrea Morales Leanza, salió a denunciar comportamientos violentos y represión por parte del personal de seguridad de la firma Amalaya S.A. y de la Policía provincial. Según la letrada, el territorio está completamente bloqueado y los pobladores no pueden entrar ni salir del lugar.

Amparo judicial y antecedentes violentos

Un equipo de abogados ya presentó un recurso de amparo para exigir el cese de las hostilidades y el despeje de los accesos. En paralelo, en las redes sociales circularon videos que muestran agresiones con gases por parte de las fuerzas de seguridad, con personas heridas y en estado de vulnerabilidad.

El conflicto en Peñas Negras no es nuevo. En abril de 2024, un operativo policial para garantizar el ingreso de Elevado Gold terminó en duros enfrentamientos donde resultó herido Félix Escalante, un poblador de 83 años. Para los vecinos, la presencia policial no busca proteger a quienes viven en la zona, sino asegurar la circulación de las mineras en un territorio que reclaman como propio por derechos ancestrales.

Los proyectos mineros en disputa

La controversia actual gira en torno a la exploración metalífera, principalmente de oro, en los bloques Aguas Calientes I, II y III, junto a la propiedad Alto El Mulato. En el entramado intervienen la firma Millary S.A. como concesionaria, Elevado Gold S.A. como operadora y un proyecto articulado con Amalaya S.A.

La repetición de estos episodios puso nuevamente en el ojo de la tormenta a la fiscal de Belén, Marina Villagra, por la falta de respuestas ante las denuncias de violencia y hostigamiento. El reclamo también apunta directamente al gobernador Raúl Jalil, en una disputa que exige una solución política y judicial para garantizar la paz social en el oeste provincial.

La versión de la Policía

El jefe de la Policía de Catamarca, Marcos Manuel Herrera, salió a responder y tildó de "erróneas y falsas" las acusaciones de represión difundidas en redes sociales. Según explicó, la presencia de los efectivos respondía a un servicio adicional para resguardar las operaciones de la empresa y detalló que la intervención se produjo para ordenar un altercado con lanzamiento de piedras entre la facción movilizada y caciques de otras comunidades originarias que sí quieren avanzar con la actividad extractiva.

Herrera confirmó que se ejecutó un único disparo disuasivo para restablecer el orden y aclaró que después se retiró la mayor parte del contingente, quedando solo el personal asignado a la custodia.

Desde el oficialismo, el diputado Juan Carlos Ledesma señaló que el reclamo es impulsado por un sector desprendido de las comunidades originarias registradas en la zona que sí aprueban la actividad. El legislador lamentó las complicaciones generadas a los operarios locales e instó a abrir una mesa de diálogo y negociación entre las partes para destrabar la disputa.