Blindaje estatal: buscan que las empresas bonaerenses no se privatizen sin dos tercios de la Legislatura

La Comisión de Servicios Públicos de la Legislatura bonaerense dio luz verde a un proyecto que podría cambiar las reglas de juego para las empresas estatales. La iniciativa, impulsada por la diputada Maite Alvado, exige una supermayoría para cualquier reducción de la participación del Estado en estas compañías.

Si se aprueba, la venta o reducción de la participación provincial en empresas como ABSA, Aubasa o el Astillero Río Santiago necesitará el voto de las dos terceras partes de la Legislatura, en lugar de la mayoría simple que se requiere hoy.

¿Qué propone exactamente el proyecto?

El texto, que obtuvo dictamen de mayoría en la comisión que preside el diputado Ariel Archanco, establece que la participación o propiedad de la Provincia en empresas solo pueda reducirse con el voto de dos tercios del cuerpo legislativo. Esto representa un cambio fundamental respecto a la legislación vigente.

El despacho contó con el respaldo de la mayoría de los integrantes, mientras que los bloques de PRO y La Libertad Avanza expresaron sus cuestionamientos a la medida.

¿Por qué se impulsa esta protección?

La iniciativa busca garantizar la continuidad de la inversión estatal en infraestructura y servicios básicos, evitando que quede sujeta a los cambios de gestión gubernamental. Entre las empresas que funcionan bajo control estatal se encuentran Aubasa (autopistas y rutas), Buenos Aires Gas (BAGSA), Aguas Bonaerenses (ABSA), Buenos Aires Energía S.A. (BAESA, con control mayoritario) y el Astillero Río Santiago.

En los fundamentos, Alvado asegura: “El rol del estado es garantizar el bienestar de su población, y nuestra función es fomentar y profundizar ese rol. Por otro lado, la Provincia cuenta con los recursos necesarios para invertir en puntos estratégicos de desarrollo económico”.

La mirada de la diputada peronista

Alvado sostiene que “se necesita un enfoque de desarrollo sustentable y duradero para que, cuando estas empresas sean económicamente rentables, no se mercantilicen en beneficios de unos pocos, y utilicen esa rentabilidad para reinvertir y mejorar la vida de todos y todas”.

En ese sentido, recordó que “los servicios y la producción de bienes estratégicos en manos de privados, en el pasado, han planteado numerosos conflictos. La búsqueda de beneficios económicos ha llevado a la reducción de costos, lo que se traduce en calidad deficiente y limitado acceso para la población, más aún en los casos monopólicos, como son los servicios públicos”.

Además, destacó que “la fusión entre participación activa del estado y de privados garantiza que estos bienes y servicios se brinden de manera eficiente y equitativa, como es el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA (YPF) a nivel nacional. El estado tiene la capacidad de supervisar y regular las operaciones de estas empresas, asegurando altos estándares de calidad y accesibilidad para los y las bonaerenses”.