Betiana Cendón seguirá siendo fiscal jefa de Bariloche: el informe que lo cambia todo

El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial aceptó el informe del sumariante y resolvió remitir el expediente a la Procuración General, que ahora deberá evaluar si corresponde aplicar medidas disciplinarias contra la fiscal jefa de Bariloche, Betiana Cendón.

La decisión fue unánime entre los consejeros que trataron el punto. El procurador general Jorge Crespo no participó porque las actuaciones pasan justamente a su órbita: la Superintendencia del Ministerio Público, donde se analizará si los hechos surgidos durante la investigación merecen alguna sanción dentro de sus competencias.

Qué encontró el sumariante

El sumario había arrancado con una denuncia que le atribuía a Cendón violencia y acoso laboral, mal desempeño, graves desarreglos de conducta y posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Durante la instrucción se incorporó documentación presentada por los denunciantes y por la defensa de la fiscal, se citaron 45 testigos y se recibieron declaraciones a lo largo de varias jornadas.

También se pidió información a la Fiscalía General, a la Jefatura de Fiscalía de Bariloche, a la Superintendencia del Ministerio Público y al área de Desarrollo Humano. El instructor sumó las constancias de una gran cantidad de legajos penales vinculados con los hechos denunciados.

El informe ordenó el análisis en tres ejes: las denuncias por violencia laboral, maltrato y acoso; las expresiones y conductas atribuidas a Cendón en el trabajo; y su intervención en determinadas investigaciones penales.

El punto clave: no hubo prueba suficiente

Sobre el primer eje, el sumariante concluyó que los testimonios no mostraron un cuadro uniforme que permitiera acreditar un hecho concreto e inequívoco con entidad suficiente para sostener una imputación por mal desempeño o graves desarreglos. Algunas personas describieron tensiones o cuestionaron el estilo de conducción de la fiscal; otras dijeron haber tenido relaciones laborales adecuadas y no haber sufrido ni presenciado hostigamiento.

La valoración conjunta de esas declaraciones llevó al instructor a concluir que no se pudo establecer una práctica uniforme y sistemática de violencia laboral. Tampoco la documentación, las capturas de pantalla ni los audios incorporados permitieron corroborar objetivamente una conducta persecutoria o dirigida a provocar daño psicológico.

Respecto de las expresiones y formas de comunicación cuestionadas, el informe reconoció que algunas pudieron haber sido desafortunadas, inconvenientes o impropias desde la perspectiva de las buenas prácticas de liderazgo. Pero consideró que la prueba no alcanzó el grado de precisión y corroboración necesario para calificarlas como graves desarreglos de conducta que justificaran avanzar hacia un procedimiento de remoción.

En cuanto a su actuación en investigaciones penales concretas, el instructor concluyó que no se acreditó que Cendón hubiera intervenido con una finalidad distinta al ejercicio de las atribuciones de su cargo, que hubiera intentado favorecer indebidamente a alguna de las partes o que hubiera alterado deliberadamente el desarrollo de las investigaciones.

Las referencias a la posible comisión de delitos fueron contrastadas con documentación y actuaciones penales. El informe señaló que no aparecieron elementos objetivos suficientes para superar el plano de la sospecha y recordó que las denuncias penales derivadas de estas actuaciones habían sido desestimadas.

Dos niveles de responsabilidad

La conclusión del instructor diferenció dos planos. Por un lado, entendió que la prueba no permitió acreditar faltas con la gravedad necesaria para que continuara la intervención disciplinaria del Consejo de la Magistratura. Por otro, advirtió situaciones de conflictividad laboral y aspectos que pueden mejorarse en las modalidades de comunicación, conducción y liderazgo.

Por eso las actuaciones serán remitidas al procurador general, quien ejerce la Superintendencia del Ministerio Público, para que analice los hechos dentro de sus competencias y determine si corresponde adoptar medidas disciplinarias o de gestión. El informe también propuso revisar los mecanismos internos de supervisión, comunicación, resolución temprana de conflictos y gestión de equipos.

Así, la intervención del Consejo concluye en lo que respecta a las causales que podrían haber derivado en un procedimiento de remoción, mientras que las cuestiones vinculadas con el funcionamiento interno y una eventual responsabilidad disciplinaria seguirán bajo análisis de la Procuración General.