El Instituto Rocaniano dijo que tenía todos los avales y el municipio lo confirmó. Ahora una concejal pidió ver papeles, dictámenes y hasta la autorización de la Comisión de Monumentos: qué encontró de flojo en el expediente.
El Instituto Rocaniano avanzó con la colocación de un cerco perimetral en torno al monumento de Julio Argentino Roca en la plaza del Centro Cívico de Bariloche. La obra, concretada el martes, derivó en un pedido de informes para revisar qué autorizaciones se tramitaron, porque el espacio está declarado Monumento Histórico Nacional.
Según confirmó el propio gobierno municipal, la entidad obtuvo el aval y los permisos necesarios para ejecutar el enrejado.
El planteo de la concejal
La concejal Roxana Ferreyra, del bloque Nos Une, es quien impulsa la solicitud. Su mirada no es nueva: viene siguiendo de cerca todo lo que involucre al Centro Cívico por su condición de patrimonio nacional, un entorno con regulaciones estrictas para cualquier modificación o alteración.
La edil ya había intervenido en la gestión anterior, cuando arrancó la construcción de baños públicos en un sector lindero a la calle Moreno con fondos de la Ecotasa. En ese momento cuestionó que los planos no coincidían con lo aprobado por el Ente Municipal de Preservación del Patrimonio Histórico, Urbano y Arquitectónico.
Ahora el pedido formal apunta a la subsecretaría de Cultura y a la secretaría de Planeamiento. Ferreyra les pidió que “explique las razones institucionales, de seguridad, de conservación o de fuerza mayor que motivaron la decisión de realizar el enrejado del monumento”.
La solicitud incluye informes técnicos, actas, denuncias y “solicitudes previas que justificaron la oportunidad y conveniencia de implementar la medida”.
Costos, dictámenes y una autorización en discusión
Otro eje del pedido es el dinero: la concejal quiere saber cuánto costó la obra y con qué partida presupuestaria se afrontó. Días atrás, el titular de Cultura, Martín Iriarte, había asegurado que no se utilizaron fondos públicos para los trabajos que ejecutó el Instituto Rocaniano.
Ferreyra también reclamó el dictamen del Ente de Preservación o, en su defecto, las razones jurídicas que habrían llevado a omitir su intervención y opinión. Sumó un pedido de autorización formal a la Comisión de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que el instituto alegó tener.
La concejal recordó que la normativa local obliga a consultar al Ente de Preservación ante cualquier alteración del monumento y a emitir un dictamen técnico.
“Mirada institucional neutra”
En sus fundamentos, Ferreyra señaló que el monumento a Roca es motivo de polémicas recurrentes y que Bariloche se define como un municipio intercultural. Por eso reclamó que el Estado local sostenga una “mirada institucional neutra, objetiva y técnico-legal que pondere las distintas sensibilidades comunitarias, asegurando el cumplimiento irrestricto de las normativas de protección del patrimonio sin tomar posiciones sesgadas ni valoraciones parciales sobre los debates historiográficos que genera la figura del monumento”.
Foto: Chino Leiva.
