Bariloche apura a la Corte: el amparo que puede frenar la venta de tierras a extranjeros

La Corte Suprema de Justicia se metió de lleno en un tema que toca de cerca a la Patagonia. El máximo tribunal decidió abocarse al amparo que presentó la asociación ambientalista barilochense Árbol de Pie contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales, y para destrabarlo designó dos conjueces. La movida puso todas las miradas sobre esa entidad cordillerana, firmante del recurso junto a dos comunidades mapuches.

La ley nacional 26.737, que entre otras cosas ponía condiciones a la venta de campos a inversores extranjeros, fue derogada por el DNU 70/23 que firmó el presidente Javier Milei a poco de asumir. Ese artículo puntual había quedado suspendido por una cautelar, pero la Corte la desactivó por unanimidad hace pocas semanas al rechazar otro amparo, el del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim), por falta de legitimación.

Ahora el escenario podría ser distinto. La presentación de Árbol de Pie, que persigue el mismo objetivo, fue evaluada ayer en acordada. Como no se lograban los tres votos necesarios para formar mayoría, el tribunal quedó obligado a sortear la incorporación de dos jueces federales para tratar exclusivamente ese tema.

Qué dicen desde Árbol de Pie

La secretaria de la organización, Ana Wieman, no ocultó su expectativa. Dijo que confían en tener el derecho de su lado y en que se valorará la prolijidad de los términos del amparo, lo que a su entender empujaría a la Corte a declararlo admisible y “abocarse a resolver el fondo de la cuestión”. Eso fue justamente lo que no ocurrió con el planteo de los excombatientes platenses.

El recurso barilochense también lleva las firmas de las comunidades mapuches Lafkenche y Fvta Anecon. Según Wieman, es de índole ambiental y “colectivo”, a diferencia del de los excombatientes, que hacía eje en la afectación de la soberanía.

Los argumentos del amparo

Uno de los abogados patrocinantes, Martín Palumbo, explicó que en la fundamentación señalan a la ley de Tierras como una norma de “presupuestos mínimos en materia de ambiente”, encuadrada en el acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a preservar los recursos ambientales, incluido el territorio.

Pero además subrayan que la derogación golpea a los pueblos originarios que todavía esperan el relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160. “Hay una inseguridad jurídica para las comunidades, relacionada con el acceso a la propiedad comunitaria, que el Estado debe garantizar como firmante del convenio 169 de la OIT”, advirtió Palumbo.

El abogado sostuvo que la ley de Tierras debe ser restituida porque “es muy grave dejar sin límite la adquisición por parte de capitales extranjeros”. Remarcó que hoy no hay restricción alguna y que “ya hay debates abiertos, por ejemplo en Santa Cruz, por una operación que involucra inversores emiratíes”.

Los riesgos que advierten

Wieman recordó que la ley derogada “también era bastante permisiva”, porque permitía la propiedad extranjera sobre el 15% de la tierra, “lo que no es poco”. Hoy ese tope ya no existe. Y coincidió en la preocupación por la “ventana de tiempo” que se abrirá hasta que el litigio se resuelva: podrían aprovecharla interesados foráneos para comprar grandes superficies en sitios de alto valor ecológico, en “nacientes de ríos y arroyos” y en zonas de frontera, porque no hay impedimento alguno. La ley derogada prohibía escriturar a extranjeros en una franja de 100 kilómetros desde los límites internacionales.

La referente ambientalista admitió que la legitimación de los firmantes es un tema sensible y que la Corte bien podría descalificarlos, como hizo con el Cecim. Pero confía en el historial favorable de Árbol de Pie: otras presentaciones de la entidad ya consiguieron aprobación judicial en conflictos por la contaminación del lago Nahuel Huapi, la ley de bosques nativos, el acceso a las costas y el acceso a la información.

En algunas de esas causas ganaron la batalla de la legitimación, que fue la que bloqueó el recurso del Cecim. “Hay un fallo de la Cámara Federal de Roca de hace más de diez años que ya nos consideraba legitimados para intervenir en acciones relacionadas con la protección del ambiente y la defensa de los bienes naturales comunes, porque está en nuestro estatuto. También podemos actuar en causas colectivas”, afirmó Wieman.

Quiénes son los conjueces y cuánto puede demorar

Según el sorteo realizado ayer, que Wieman, Palumbo y otros siguieron por zoom, la Corte designó como conjueces al camarista de Casación Penal Diego Barroetaveña y al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Pérez Curci. Ambos se sumarán para este caso exclusivo al cuerpo que integran los jueces titulares Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Los amparistas y sus abogados se dedicaron hoy a examinar los antecedentes de cada conjuez y no descartan una posible impugnación. Una de las razones podría ser la falta de paridad de género.

Wieman reconoció que no es sencillo presentar oposición porque el sorteo está reglado y se hizo en forma pública. Señaló que la Corte parece tener cierta urgencia para resolver, pero en lo reglamentario “no tiene plazos”. Aclaró que el amparo de Árbol de Pie no propone medidas cautelares y que lo que buscan es una sentencia que aborde “la cuestión de fondo”, cuyo análisis podría extenderse en el tiempo.

Para la dirigente, “por eso es importante la participación de la comunidad, como se vio con el tratamiento del proyecto de ley de propiedad privada, que tuvieron que modificar por la movilización en contra de la extranjerización de tierras y del tema incendios”. Interpretó que ese tipo de presión puede permear también sobre la Corte. El objetivo de la entidad barilochense es que el artículo 154 del decreto se caiga cuanto antes y la ley de Tierras recobre vigencia.

Un derrotero que arrancó en 2023

Palumbo precisó que el amparo de Árbol de Pie fue presentado el 28 de diciembre de 2023, cuando entró en vigencia el decreto de Milei. Desde entonces tuvo un largo recorrido: empezó en el Juzgado Federal de Bariloche y pasó por la Cámara Federal de La Plata, cuya sala 3 dictó en 2024 la inconstitucionalidad del artículo del decreto que derogó la Ley de Tierras a instancias del Cecim. Ese fallo, revocado luego por la Corte, ya citaba el amparo de Árbol de Pie.

Wieman dijo que no saben por qué el máximo tribunal definió el recurso de los excombatientes de Malvinas en este momento y que el manejo de los tiempos en ese tribunal es difícil de descifrar. Dijo que esperan una resolución rápida e insistió en que la compra de tierras por extranjeros podría tener severas consecuencias ambientales, porque “no compran en cualquier lado, en el interior del territorio, sino que van por las zonas de frontera, los bosques y las nacientes de agua”, que califican como bienes naturales comunes.