Bajó la edad de imputabilidad: el juez Gershani advierte que "sin recursos una ley de este estilo no se puede aplicar"

El juez penal juvenil Fabricio Gershani puso el foco en los problemas concretos que trae la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil. Durante una entrevista en el programa Tiempo Real, de Ancasti Streaming, el magistrado advirtió que no alcanza con el cambio normativo: "Hay un consenso general que sin recursos una ley de este estilo no se puede aplicar".

Gershani explicó que la reforma no se limita a bajar la edad de punibilidad. También amplió el catálogo de conductas que ahora pueden ser consideradas delito cuando las comete un adolescente. "Hay ciertos delitos que antes no cometían los adolescentes por ser adolescentes y que ahora sí", señaló.

De la travesura al expediente

El juez dio ejemplos concretos. Antes, cuando un adolescente amenazaba a otro, no configuraba un delito; hoy sí. Lo mismo ocurre con hurtos menores, como sustraerle algo a un compañero. Y en el ámbito escolar, rayar un banco puede encuadrarse como daño agravado, con una pena de hasta cuatro años de prisión. Para los adolescentes, recordó, la pena máxima posible es de 15 años.

En sus visitas a escuelas, Gershani notó un cambio de ánimo entre los jóvenes. Al principio, a muchos no les disgustaba la baja de la edad de imputabilidad. Ahora, en cambio, expresan "un temor que una travesura se convierta en un delito".

El magistrado fue claro al marcar los límites del sistema penal: "El sistema penal ve un resultado y ve si fue con intención o sin intención, eso es todo". Y agregó una distinción que considera central: los chicos saben que un acto está mal, pero no siempre miden sus consecuencias. "Sabe que amenazar está mal. No sé si sabe que tiene una pena de dos años en prisión", ilustró.

Por eso, el programa Jueces y Jueces en la Escuela, de la Escuela de Capacitación, lleva charlas a los colegios, siempre a pedido de las instituciones. Esta semana, además, comenzó a dialogar con madres y padres.

Juicios a los 14 años y un centro que no funciona

Otro de los cambios que mencionó es que los procesos ya no esperan a la mayoría de edad. "Hoy se puede hacer un juicio a los 14 años de edad", describió, y lo calificó como "una imagen fuerte".

Sobre la preparación de Catamarca, Gershani consideró que la provincia estaba algo adelantada porque ya contaba con juez, fiscal y defensor especializados. La nueva ley, dijo, adecuó las estructuras existentes sin crear otras nuevas. Sin embargo, reconoció que desconoce qué presupuesto habrá para su implementación.

El dato institucional no es menor: hoy el Centro Juvenil Santa Rosa no funciona. Mientras tanto, los adolescentes pasan "entre 24 y 48 horas" en el Centro de Admisión y Evaluación. Para el juez, además de recursos, hace falta articulación entre seguridad, salud, educación y desarrollo social, porque en la actualidad intervienen equipos técnicos de tres instituciones distintas en un mismo caso.

El reclamo de fondo: prevención y no estigmatización

Consultado por la decisión del Congreso, Gershani afirmó que fue democrática y que hay que respetarla. No obstante, planteó que desde la política criminal se podría haber puesto más énfasis en clubes, escuelas y otros espacios intermedios.

El juez pidió no estigmatizar a los adolescentes: "La gran mayoría de adolescentes no son delincuentes". Y llamó a las familias a dialogar: "Muchos de los problemas graves que tuvimos se evitaban increíblemente con una charla previa".

Delitos contra la integridad sexual: la estadística que preocupa

Consultado por las estadísticas locales, Gershani señaló que en Catamarca los delitos más frecuentes son los que atentan contra la propiedad y los que atentan contra la integridad sexual. Sobre estos últimos, aportó un dato contundente: "El 6 de cada 10 adolescentes privados de la libertad en Catamarca lo son por delitos contra la integridad sexual".

El juez explicó que estos hechos "se dan en contextos de intimidad", en reuniones con amigos o en el ámbito familiar, a menudo en encuentros masivos con alcohol y otras sustancias. También advirtió que reenviar fotos o videos de contenido sexual de menores de 18 años constituye el delito de material sexual infantil, con penas de hasta seis años de prisión, aun con el consentimiento de quien los envió y "así sea una cuestión habitual".

Frente a este panorama, insistió en la prevención: "Tenemos que hablar mucho con los adolescentes" para que "quede absolutamente claro cuál es el límite de esta privacidad".