Baja la imputabilidad a 14 años: la advertencia de una penalista de Posadas sobre lo que viene

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que desde este sábado permite imputar a chicos de 14 años, generó un fuerte debate. La abogada penalista María Laura Alvarenga, de Posadas, analizó los alcances de la norma y lanzó una advertencia: las garantías que promete la ley podrían quedar en el papel si no se desarrollan las estructuras necesarias para aplicarla.

El nuevo régimen reemplaza a las leyes 22.278 y 22.803, que regían desde 1980, y establece reglas específicas para adolescentes de entre 14 y 18 años. Además de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14, fija un límite de 15 años para las condenas y prohíbe la prisión perpetua.

Del sistema tutelar al régimen penal

Alvarenga explicó que, con el esquema anterior, los menores de 16 años no eran punibles, aunque un juez podía disponer medidas tutelares o restricciones de libertad. La nueva ley cambia ese esquema: ahora los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser imputados, procesados y condenados, aunque la prisión efectiva queda limitada a ciertos delitos y circunstancias.

Para la especialista, el cambio incorpora garantías y herramientas que ya estaban contempladas en normas nacionales e internacionales, pero el desafío será que se apliquen en la práctica. "Venimos a reeditar en esta ley derechos y garantías constitucionales y convencionales que ya existen", sostuvo.

En ese marco, destacó el principio in favor minoris, orientado a proteger a una persona que todavía se encuentra en desarrollo. "No es un adulto que ya puede decidir. Estamos frente a una persona en formación, en proceso de consolidación de toda su identidad", explicó.

El desafío de no repetir el esquema anterior

Uno de los puntos centrales de su análisis fue que el sistema penal no debería convertirse en una respuesta para problemas vinculados con la pobreza, la salud mental, las adicciones o los conflictos familiares. "Tratar de resolver cuestiones de salud, de familia o la cuestión social económica a través del sistema penal no va a lograr ningún buen resultado", afirmó.

La situación adquiere particular relevancia en Misiones, donde los Ce.Mo.AS funcionan desde 2019 como instancia previa y obligatoria para el ingreso de niños, niñas y adolescentes al sistema penal provincial. Actualmente, hay siete adolescentes en el Ce.Mo.AS Posadas, nueve en Oberá y uno en Eldorado.

Alvarenga consideró que esos dispositivos son una herramienta importante, aunque reconoció que todavía existen áreas que requieren mayor desarrollo institucional. También puso como ejemplo la figura del supervisor prevista por el nuevo régimen: si bien tendrá la función de acompañar y controlar la evolución del adolescente, quedan interrogantes sobre quién desempeñará esa tarea y con qué estructura contará.

La abogada consideró que la implementación puede quedar limitada si se incorpora una nueva legislación sin desarrollar al mismo tiempo las instituciones necesarias para aplicarla. "Seguimos con el mismo sistema, las mismas personas, el mismo operador", cuestionó.

La discusión sobre la edad

Otro de los aspectos que puso bajo análisis fue la capacidad de comprensión de los adolescentes. Consideró que no alcanza con establecer una edad para determinar automáticamente el grado de comprensión de una persona, pero remarcó que los adolescentes continúan siendo personas en desarrollo. "Siguen siendo niños", sostuvo, al recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño considera niño a toda persona menor de 18 años.

La abogada planteó que una eventual condena no resuelve necesariamente las condiciones que llevaron al adolescente a cometer un delito. "¿Dónde va a volver?", preguntó al referirse a quienes regresan a hogares atravesados por violencia, consumo problemático u otras dificultades.

Para Alvarenga, la discusión sobre el nuevo régimen no puede quedar limitada a la Justicia o al Servicio Penitenciario. Consideró necesario fortalecer las políticas de educación, salud, asistencia social y tratamiento de las adicciones. También destacó el valor de la mediación penal que ya se aplica en Misiones, como mecanismo para responsabilizar al adolescente y reparar el daño sin recurrir necesariamente a una condena.

Su conclusión apunta a que el nuevo régimen no debería medirse únicamente por la cantidad de adolescentes detenidos, sino por la capacidad del Estado para evitar que esos jóvenes vuelvan a ingresar al sistema penal. "El mayor desafío va a ser tratar que los derechos y garantías que la ley plasma se apliquen", resumió.