Baja de imputabilidad en San Juan: sin casos en el arranque y con las defensoras listas para impugnar

El nuevo régimen penal juvenil que permite imputar a chicos desde los 14 años ya está vigente en todo el país, pero en San Juan los primeros días pasaron sin que se registrara un solo caso con menores de 16 años. Mientras el juez de turno Jorge Toro confirma que no hubo intervenciones, dos defensoras oficiales tienen listos los planteos de inconstitucionalidad para presentar en cuanto aparezca el primer caso.

La ley nacional 27.801, que rige desde el sábado 5 de septiembre, bajó de 16 a 14 años la edad mínima para que un adolescente pueda ser investigado, juzgado y condenado penalmente. Las penas de prisión quedaron reservadas para delitos graves, con un tope de 15 años de reclusión, mientras que para faltas leves se prevén medidas alternativas como trabajos comunitarios o apoyo educativo.

En la provincia, que cuenta con dos magistrados especializados –Jorge Toro y María Julia Camus–, la puesta en marcha de la norma abre un escenario de posible aumento en la demanda de intervención judicial. Sin embargo, el arranque fue tranquilo: Toro, a cargo del turno penal juvenil de la primera quincena, explicó que "en el marco de mi turno no me ha tocado intervenir respecto a ningún chico menor de 16 años".

El magistrado detalló que durante el fin de semana no hubo hechos de gravedad y que recién en la madrugada de este lunes intervino para disponer el traslado de un joven de 17 años al centro de admisión y derivación. "No he tenido hechos de ninguna naturaleza, más que alguna denuncia, pero no en situaciones de flagrancia ni mucho menos hechos graves", señaló.

Las falencias del sistema, según el juez

Más allá de la calma inicial, Toro reconoció que el sistema local no está preparado para aplicar la nueva ley. "Tenemos un régimen procesal especializado, pero ha quedado desactualizado porque no es acusatorio como los adultos, sino el viejo sistema mixto especializado", explicó. Para el juez, hace falta un proceso de especialización que garantice "todas las garantías procesales que tienen los adultos más un plus, porque son personas en desarrollo".

Uno de los puntos más críticos es la implementación de las medidas socioeducativas, que requieren la figura de un supervisor. "No la podemos implementar todavía porque no está nada, ni las condiciones procesales ni las condiciones materiales y técnicas", admitió Toro, aunque aclaró que si hace falta disponer la privación de libertad de un chico, "se dispondrá, ya sea a esta etapa solo provisoriamente".

El juez también restó chances a que en San Juan aparezcan amparos o medidas cautelares colectivas contra la ley, como ocurre en otras jurisdicciones. "La realidad de San Juan no tiene nada que ver con el Conurbano", sostuvo, y agregó que la provincia "tiene los recursos necesarios para empezar", aunque reconoció que se necesita "avanzar urgentemente" en la designación del supervisor, un tema que "la mayoría de las provincias todavía no ha resuelto".

Las defensoras, con los recursos listos

En las antípodas de la estimación de Toro, las defensoras oficiales penales de Niñez y Adolescencia de San Juan, María López y Betina Cuni, confirmaron que tienen elaborados los planteos para impugnar la aplicación de la ley. En declaraciones al programa La Picada, las funcionarias sostuvieron que la legislación federal es "de imposible cumplimiento" en la provincia por la falta de un código procesal acusatorio y de infraestructura adecuada.

"Ya tenemos los planteos de inconstitucionalidad, los tenemos listos para presentar", afirmó López, quien explicó que vienen trabajando en esto desde que se sancionó la ley, en coordinación con defensores de todo el país. "Como está la ley nacional, para nosotros es inconstitucional e inconvencional", remarcó.

La abogada fundamentó la postura en el desfase entre la norma nacional y el código ritual local. "Nosotros actualmente tenemos un código de procedimiento que es inquisitivo mixto, por lo tanto es imposible aplicar una ley nacional que está dirigida hacia un código de corte acusatorio", explicó. En la misma línea, Cuni señaló que "en un sistema mixto, el que investiga y es dueño del proceso es el señor juez, mientras que en el acusatorio es el Ministerio Público Fiscal", por lo que "no resulta compatible".

Las defensoras también advirtieron sobre la falta de profesionales especializados en psicología evolutiva para garantizar que chicos de 14 años comprendan el proceso, y denunciaron que la nueva ley expone a los adolescentes a causas por conductas cotidianas, como peleas escolares o daños simples, que antes quedaban fuera del sistema penal. Además, señalaron que los establecimientos de alojamiento locales no recibieron reformas y que no existen dispositivos de tratamiento involuntario para adicciones, que afectan a más del 90 por ciento de los jóvenes que entran en conflicto con la ley penal.