Autofarma cierra sus puertas en Santa Cruz: la maniobra de Trabajo para cobrar los sueldos adeudados

La cadena de farmacias Autofarma confirmó el cierre de todas sus sucursales en Santa Cruz y el despido de sus empleados. La noticia cayó como un balde de agua fría en medio de una crisis que ya arrastraba deudas salariales y una incertidumbre que se palpaba en cada local. La decisión se conoció este viernes durante una audiencia de conciliación en Río Gallegos, donde los dueños del grupo Llaneza dieron el golpe final.

El anuncio no hizo más que cristalizar un escenario que venía cocinándose a fuego lento: salarios de junio y julio sin pagar, aguinaldo del primer semestre en el debe y estanterías cada vez más vacías. La empresa, que asegura tener una deuda de $600 millones, apunta directamente a los organismos públicos de Tierra del Fuego como los grandes responsables de su ahogo financiero.

¿Qué hará el Gobierno para cobrar los sueldos?

En medio de este panorama desolador, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, no se quedó de brazos cruzados. Desde la cartera laboral se dispuso una medida que busca destrabar el pago a los trabajadores: enviar oficios a las obras sociales para que retengan cualquier acreencia que tengan con la empresa y la deriven directamente a los salarios.

“Inmediatamente instruimos un oficio a las obras sociales, a los fines de que retengan cualquier acreencia que tengan por percibir, para que sea pagada directamente a las cuentas de cada uno de los trabajadores”, explicó Aravena. Además, se solicitó al gremio y a los empleados la documentación necesaria para acreditar la relación laboral, los montos adeudados y los datos bancarios.

“Entendemos la naturaleza alimentaria de la deuda que tienen con la gente”, sostuvo el funcionario, dejando en claro que la prioridad es que los trabajadores cobren lo que les corresponde.

¿Cuántos empleados quedan en la calle?

Todavía no hay un número oficial, pero las estimaciones hablan de alrededor de 250 trabajadores afectados en Santa Cruz y Tierra del Fuego. El grupo tiene presencia en Río Gallegos, El Calafate, la Cuenca Carbonífera y Puerto San Julián, además de su operación en la provincia fueguina.

Aravena indicó que se están solicitando listados de empleados, recibos de sueldo y otra documentación para incorporar al expediente y cuantificar con precisión el impacto. La crisis, según se informó en la audiencia, no es exclusiva de Santa Cruz, sino que también golpea fuerte al otro lado de la cordillera.

¿Qué pasará con los trabajadores?

El Gobierno provincial ya salió a poner el pecho. “Es parte de la política de Estado del gobernador Claudio Vidal proteger el empleo a ultranza”, afirmó Aravena, quien remarcó: “Desde el Gobierno Provincial tenemos la decisión firme de sostener y pelear por cada uno de los puestos de trabajo”.

La nueva audiencia, que se realizará el próximo 24, será clave para evaluar los avances de las gestiones y las alternativas que se planteen entre las partes. Mientras tanto, los trabajadores esperan con ansiedad una solución que les permita cobrar lo que se les debe y, de paso, saber qué será de sus futuros laborales.