Aumentos de hasta 157% en luz y agua: los cruces que encendieron el debate en Jujuy

La suba de tarifas y la situación de los usuarios dominaron un encuentro político en el que funcionarios y legisladores expusieron posiciones encontradas sobre energía, servicios y seguridad.

Los incrementos en las facturas de luz y agua se convirtieron en el eje de un debate que reunió a referentes de distintos espacios. Los números que maneja la SUSEPU marcan subas del 122% en agua y del 157% en electricidad, acumuladas entre junio y julio de 2024 y septiembre de 2026.

Los números que explican la suba

El titular de la SUSEPU, Gronda, desglosó los componentes de la factura eléctrica para intentar explicar el impacto en los hogares jujeños. Diferenció el precio nacional de la energía, el costo provincial de operación de la distribuidora y los impuestos que se suman al total.

Sobre la energía que CAMMESA vende a distribuidoras como EJESA, Gronda fue tajante: “Se le cobra al usuario y pasa derecho a Nación”. En cuanto al componente provincial, recordó que el contrato de concesión “exige actualizarlo cada tres meses” de acuerdo con la inflación.

Según sostuvo, la energía aumentó un 1.000% desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026. Atribuyó buena parte de ese salto a la decisión nacional de llevar los precios a valores de mercado.

La diputada Valente puso el foco en otro lado: para ella, las tarifas deben analizarse en relación con los salarios. “No son razonables a la realidad de la gente, porque quienes pagan el servicio es la gente común”, afirmó. Y agregó un dato que preocupa: “Hay gente que directamente dejó de tener el servicio de luz, que es un derecho”.

Tarifa social y auditoría de redes

Gronda informó que 68.000 usuarios reciben la tarifa social sobre un universo de 220.000 usuarios residenciales. También admitió que se está revisando el límite de ingresos de dos salarios mínimos, vitales y móviles: “Eso se está trabajando para rever porque ha quedado planchado”.

El funcionamiento del beneficio, según explicó, pasa por la SUSEPU: el organismo recibe las solicitudes, analiza las condiciones y otorga el beneficio.

Valente pidió ir más allá y incorporar una evaluación que contemple la situación habitacional y familiar mediante informes sociales: “Que vayan, verifiquen, acompañen”.

Gronda también destacó que el decreto de emergencia tarifaria dictado en julio prohíbe intereses punitorios y amplía los plazos para cortar el suministro y retirar medidores. Además, confirmó que está en marcha una auditoría de redes de media y baja tensión que incluye cables, postes, transformadores y la respuesta de la empresa ante los cortes. “Tenemos que tener un cuadro de situación”, sostuvo.

FOPEC, impuestos y alumbrado público

El FOPEC fue otro de los puntos calientes. Gronda lo defendió como una herramienta para distribuir el mayor costo de generación eléctrica en las zonas aisladas de la Puna: “El FOPEC lo que hace es que todos los jujeños, no importa en qué lugar estemos, paguemos lo mismo por la factura, lo mismo por lo que cada uno consume”.

El funcionario estimó que las obras necesarias para conectar esas zonas requerirían entre 800 y 1.000 millones de dólares.

Tomé Gámez propuso revisar los conceptos incluidos en las boletas y discutir reducciones progresivas, aunque aclaró: “Acá la idea no es sacar de un día para el otro”.

Gronda también defendió el cobro del alumbrado público dentro de la factura eléctrica y advirtió que eliminarlo podría desfinanciar a los municipios. “Es un servicio esencial”, afirmó.

Calidad, competencia y el rol del Estado

La diputada libertaria Tomé Gámez contó que presentó un proyecto sobre calidad de los servicios públicos. En ese marco pidió mayor transparencia en los contratos, reconexiones ágiles y la posibilidad de que cada usuario elija proveedor.

Su propuesta apunta a abrir el mercado para evitar monopolios y a que las pautas de contratación sean claras. “Todos queremos que el consumidor sepa lo que está pagando y cómo es lo que está pagando”, resumió.

Valente, en cambio, cuestionó las condiciones de competencia para los empresarios locales y defendió el Compre Jujeño, al que calificó como “un avance”. También pidió discutir el papel del Estado: “La manera es sentarse, pensar, sentarse a ver cuál es lo público, qué es lo privado”.

Gronda sostuvo que las diferencias en los subsidios energéticos entre regiones pueden generar competencia desleal. “La mirada tiene que ser integral”, consideró.

Régimen penal juvenil: mano dura vs. abordaje social

El debate sobre seguridad expuso diferencias profundas. Tomé Gámez fue directa: “Mi línea es más de mano dura”. Sin embargo, aclaró que también propone acompañamiento educativo y reinserción para los adolescentes que delinquen. Sostuvo que no deben estar alojados en cárceles de adultos y que intervenir puede evitar nuevos delitos.

Valente rechazó las respuestas centradas en el castigo y pidió revisar las condiciones sociales. “Fue la sociedad misma la que lo expulsó”, expresó sobre los jóvenes. Propuso priorizar educación, deporte y empleo: “Les demos realmente trabajo digno, no solamente ser un influencer”. Para la diputada, las leyes discutidas no beneficiarían a la sociedad: “Lo único que van a hacer es un retroceso social”.

Gronda también cuestionó el endurecimiento penal. “No creo que sea la solución”, afirmó desde su rol como abogado, y planteó fortalecer las políticas existentes y revisar las falencias que impidieron su funcionamiento: “Estamos apuntando a un segmento hipervulnerable que tenemos que abordarlo de otra manera”.

Tomé Gámez sumó otra propuesta: restricciones al uso de celulares y bloqueadores de señal en establecimientos penitenciarios. Según aseguró, busca impedir estafas y otros delitos cometidos desde las cárceles, preservando las vías reglamentadas de comunicación.

Cámaras de seguridad y pedidos de informes

La diputada Tomé Gámez explicó que un pedido de informe vinculado con SAPEM busca conocer el funcionamiento de las cámaras de seguridad y el alcance de la conectividad en la Puna, incluidas las escuelas. Reclamó indicadores sobre los resultados de los programas y el uso de los recursos públicos.

Según aseguró, presentaron 41 pedidos de informes sin respuesta ni tratamiento. “Cómo están administrando y cómo están gestionando los recursos y que sean transparentes”, expresó sobre el objetivo de esas solicitudes.

Para Tomé Gámez, no alcanza con que los datos existan: “Que la información esté, pero que esté accesible”.