Auditoría al RUPE y la OSEF: gastos por $4.392 millones en seis meses y fallas de control que preocupan

El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego finalizó una auditoría integral sobre el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), el sistema de Acogimiento Familiar y las deudas entre la OSEF y el Poder Ejecutivo. El informe revela graves fallas de control y un gasto de $4.392 millones solo en el primer semestre de 2025, con casi el 95% concentrado en prestaciones por discapacidad.

El trabajo, ordenado en diciembre de 2024 y estructurado mediante resoluciones de 2025, fue realizado por un equipo interdisciplinario del Tribunal con la participación de especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo. El análisis se dividió en cuatro ejes: deudas por prestaciones RUPE y Acogimiento Familiar, deudas por servicios hospitalarios, mecanismos de conciliación y comportamiento del padrón.

Los números que explican la preocupación

Durante el primer semestre de 2025, las prestaciones a beneficiarios RUPE representaron un gasto de aproximadamente $4.392 millones. De ese total, $4.165 millones correspondieron a RUPE Discapacidad, unos $225 millones a RUPE Vejez y alrededor de $1,7 millones a Acogimiento Familiar.

La auditoría identificó 1.028 beneficiarios activos entre julio de 2022 y junio de 2025, de los cuales 834 continuaban en el sistema al cierre del período. El crecimiento estuvo liderado por el grupo con discapacidad, que además muestra una tendencia a incorporar personas más jóvenes y con mayor permanencia futura.

Según los especialistas, esto genera una presión permanente sobre las cuentas de la obra social. La incorporación de nuevos beneficiarios con alta demanda prestacional produce un efecto acumulativo sobre el gasto, lo que vuelve determinante que el Estado provincial transfiera los recursos en tiempo y forma.

Fallas en la OSEF y demoras en el Ministerio

En la OSEF se detectaron procesos de afiliación, facturación y recupero sin aprobación formal, dependencia de planillas de cálculo y falta de integración de los sistemas informáticos. También se encontraron montos recuperables que no llegaron a facturarse y ausencia de intervención sistemática de la Auditoría Interna.

Casi el 90% de la facturación de montos recuperables tiene como destinatario al Ministerio de Bienestar, y ese volumen aumentó un 245% durante el período analizado. Aun con anticipos financieros desde 2024, los ingresos mensuales resultaron muy inferiores a la facturación, generando un déficit operativo.

El fondo específico previsto para financiar estas prestaciones cubre apenas entre el 0,9% y el 1,2% del gasto, por lo que la mayor parte debe ser afrontada con recursos del Tesoro provincial.

Las demoras del Ministerio de Bienestar en controlar y aprobar las prestaciones también fueron cuestionadas. El trámite insume en promedio más de seis meses y existen saldos pendientes de pago, situación que el Tribunal vincula con un incumplimiento de la Ley 888. Además, después de más de dos años de creada una comisión específica, todavía no se pudo determinar el monto definitivo de la deuda histórica con OSEF al 31 de diciembre de 2023.

La deuda con los hospitales y una quita cuestionada

En la relación entre la obra social y los hospitales provinciales, el informe detectó demoras excesivas en auditorías y pagos, documentación incompleta y registros contables tardíos. Al 30 de junio de 2025, la OSEF aparecía como el principal deudor de los efectores públicos, con créditos hospitalarios por unos $5.845 millones.

En el Hospital Regional Ushuaia se identificó un punto especialmente sensible: la aplicación sistemática de una quita del 30% sobre determinadas prestaciones aun cuando los pagos no se realizaban en término. Según el Tribunal, esa práctica contradecía el nomenclador vigente y provocó una subvaluación de créditos por más de $196 millones.

El diagnóstico general es que no existen mecanismos sistemáticos de conciliación y compensación de deudas entre OSEF y el Poder Ejecutivo, lo que generó diferencias entre registros y acumulación de obligaciones durante años.

Para los especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo, el consumo prestacional del RUPE no es un fenómeno coyuntural sino “estructural y progresivo”, lo que obliga a sostener políticas de gestión, control y financiamiento para evitar un deterioro mayor.

En su conclusión, el Tribunal calificó los desequilibrios financieros como un problema sistémico y acumulativo, provocado por pagos fuera de término, sistemas de información que no se integran y falta de conciliaciones periódicas. Pese a medidas aisladas, todavía no existe una solución definitiva.

A partir de los hallazgos, el Tribunal formuló más de 40 recomendaciones y ordenó a OSEF, Bienestar Ciudadano, Salud, Contaduría General y otras áreas presentar en diez días planes de acción para corregir las deficiencias. Esos planes deberán poder ejecutarse en un plazo máximo de dos meses.