El paro de ATE para el viernes iba a sentirse sobre todo en Buenos Aires. La lista de 27 aeropuertos afectados incluye siete plazas patagónicas, y adentro hay un dato que el gremio puso sobre la mesa.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó una retención de tareas para el viernes 6 de noviembre que golpeará la operación de 27 aeropuertos del país, entre ellos siete de la Patagonia. La medida anticipa demoras y cancelaciones en reclamo por las deficiencias de seguridad aeroportuaria y la falta de inversión estatal.
El paro incluirá un "paro a la japonesa" en Ezeiza y Aeroparque, con fiscalización exhaustiva de aeronaves y pistas. Pero el impacto no queda en el AMBA: entre las terminales que verán resentida su actividad comercial aparecen Bariloche, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Trelew, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia.
Durante la jornada solo se garantizará la operatoria de vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y traslados de órganos.
El reclamo: seguridad y desidia estatal
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, apuntó directamente contra la administración de Javier Milei por el impacto de la huelga. Denunció la rotura de ambulancias y la escasez de insumos de emergencia y extintores.
Según el dirigente, el desfinanciamiento del sistema aerocomercial llegó a un punto que pone en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Su advertencia fue tajante: "sin presupuesto no hay vuelos seguros".
Aguiar aclaró que la acción gremial no apunta contra los usuarios, sino que busca exigirle al Estado las condiciones mínimas de operatividad. Y sentenció: "cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno".
A la hora de señalar culpables, el titular del gremio apuntó contra el ministro de Economía y el de Desregulación: aseguró que Luis Caputo y Federico Sturzenegger son unos improvisados que "nunca subieron a un avión de línea".
La recaudación bajo la lupa y la denuncia formal
El sindicato respaldó estas acusaciones con una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo que dirige Julio Cordero. Allí detallaron que de los más de 220.000 millones de pesos anuales que se recaudan por el impuesto a la tasa aérea, menos del 10 por ciento retorna al sistema para fortalecer la operatividad o mejorar los salarios de los agentes.
Para la entidad gremial, esa falta de inversión viola de forma sistemática los estándares fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional y expone a los trabajadores ante la alarmante falta de elementos de protección personal para operar en las pistas.
