Armas que estaban bajo custodia de la Justicia de Santa Cruz desaparecieron: nadie sabe quién debía cuidarlas

El robo de armas que debían permanecer bajo custodia judicial en Río Turbio sigue sin respuestas claras casi dos años después. El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz (CPASC) presentó una nota ante el Tribunal Superior de Justicia para saber qué pasó puertas adentro del Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio y quién tenía la responsabilidad de custodiar esas armas.

La presentación lleva el número 092/26-CPASC y fue ingresada el 15 de septiembre, según informó oficialmente el Colegio. El pedido no apunta a la investigación penal, sino a lo administrativo: si hubo sumarios, investigaciones disciplinarias o responsabilidades funcionales tras la desaparición de las armas.

Qué pide el Colegio de la Abogacía

La entidad solicitó al máximo tribunal provincial información sobre las investigaciones administrativas y/o disciplinarias que se hubieran realizado como consecuencia de la sustracción de armas que estaban bajo custodia del Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio.

Pero el planteo no termina allí. El CPASC también pidió conocer en qué condiciones se guardaban las armas, qué mecanismos de control existían y si se investigaron eventuales responsabilidades funcionales por lo sucedido.

El reclamo vuelve sobre un punto sensible: las armas no fueron robadas de una vivienda particular ni de un comercio, sino de un lugar donde debían permanecer bajo custodia judicial.

El antecedente: seis detenidos y una controversia institucional

El caso había tenido fuerte repercusión en diciembre de 2024, cuando la investigación derivó en el operativo denominado "Empleado Infiel". Incluyó seis allanamientos y terminó con seis personas detenidas.

Entre los detenidos había dos efectivos policiales y un empleado judicial, investigados por su presunta participación en la comercialización clandestina de armas que habían sido sustraídas del depósito judicial.

El episodio provocó además una fuerte controversia institucional. En aquel momento, Judiciales de Santa Cruz llegó a solicitar al Tribunal Superior de Justicia el inicio de un jury de enjuiciamiento contra la entonces titular del Juzgado Provincial N° 1 de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, Betina Bustos, a raíz de las presuntas irregularidades denunciadas en torno al funcionamiento del organismo.

Qué pasó dentro del Juzgado después del robo

La presentación del Colegio de la Abogacía pone el foco en lo que ocurrió administrativamente después de aquella investigación penal. Una cosa es determinar quién pudo haber sustraído o comercializado las armas. Otra diferente es establecer cómo elementos que estaban bajo custodia de la Justicia pudieron salir del lugar donde debían permanecer resguardados y si existieron fallas o responsabilidades internas que lo hicieron posible.

Eso es lo que ahora el CPASC pretende conocer. El Colegio solicitó expresamente información sobre las investigaciones administrativas o disciplinarias desarrolladas a raíz del episodio y sobre las condiciones de guarda y control existentes. También pidió saber si fueron analizadas eventuales responsabilidades funcionales.

El contexto: una terna que reavivó el pedido

Según informó el propio Colegio, el pedido fue formulado luego de que se hiciera pública la terna correspondiente al Concurso Múltiple N° 115 del Consejo de la Magistratura. El CPASC no informó públicamente una conclusión sobre responsabilidades individuales a partir de ese concurso, pero sí vinculó temporalmente la solicitud de información con la publicación de la terna.

La presentación forma parte de una serie de reclamos realizados durante los últimos días por el Colegio Público de la Abogacía ante el Tribunal Superior de Justicia. También hubo planteos relacionados con demoras judiciales, funcionamiento de juzgados, recursos y otras dificultades planteadas por profesionales de distintas localidades.

Pero el caso de Río Turbio tiene una particularidad: involucra elementos vinculados con expedientes judiciales que estaban bajo resguardo de un organismo encargado precisamente de custodiar pruebas y garantizar su preservación.

Por eso, casi dos años después del operativo que puso el caso en conocimiento público, la discusión ya no pasa solamente por recordar que las armas desaparecieron. La pregunta que vuelve a quedar sobre la mesa es qué investigación interna se realizó, qué concluyó y si finalmente se estableció quién debía garantizar que esas armas nunca salieran del depósito judicial.