Argentina redobla la apuesta por Malvinas y le deja un mensaje filoso a Londres

El Palacio San Martín salió a defender con dureza el recurso de arbitraje internacional que la Argentina presentó por Malvinas y rechazó los cuestionamientos que llegaron desde el Reino Unido. En un nuevo tramo del giro soberanista que el Gobierno le imprimió a la causa, la Cancillería respondió a las críticas británicas con un argumento central: llevar el conflicto a un tribunal imparcial es lo más responsable que puede hacer un Estado.

La reacción argentina llegó después de que la subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificara la movida judicial como un intento de "socavar" los derechos de los habitantes de las Islas.

El origen del cruce: el proyecto Sea Lion

El conflicto diplomático tiene un detonante concreto: el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. El desarrollo lo llevan adelante las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de petróleo y una producción prevista para 2028.

Frente a ese avance, el canciller Pablo Quirno envió una notificación formal a Londres tras el anuncio del presidente Javier Milei. En ese marco, la Argentina le dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para detener las actividades petroleras unilaterales antes de pedir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo.

El objetivo del procedimiento arbitral es acotado: paralizar la extracción unilateral de hidrocarburos, sin pronunciarse sobre el fondo de la disputa por la soberanía territorial.

La respuesta a Londres: "Nada tiene que temer de un tribunal"

La diplomacia británica sostiene que actúa "en plena conformidad con el derecho internacional". La Cancillería argentina contestó con una frase filosa: si el Reino Unido está realmente convencido de la legalidad de sus actos, "nada tiene que temer de un tribunal".

El comunicado también recordó que ambos países son Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y que, al ratificarla, aceptaron de manera obligatoria las disposiciones de solución de controversias de su Parte XV.

Como las partes eligieron foros distintos —la Argentina optó por el TIDM y el Reino Unido por la Corte Internacional de Justicia—, el tratado establece que el caso debe resolverse mediante un tribunal arbitral de cinco miembros constituido bajo el Anexo VII de la Convención.

El respaldo de la ONU y el rechazo a las acciones unilaterales

En el escrito oficial, la Argentina cuestionó la apelación británica al principio de libre determinación de los pueblos. Según la posición argentina, la ONU nunca aplicó ese criterio a los actuales habitantes de las islas dentro de la disputa de soberanía.

Al mismo tiempo, el documento ratificó el compromiso constitucional de respetar el modo de vida de los isleños, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. También citó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, que llama a mantener negociaciones bilaterales, y la Resolución 31/49, que exige a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el proceso siga abierto.

Para la Cancillería, la exploración y explotación de recursos no renovables sin consenso constituye, precisamente, una modificación unilateral en el área en disputa.

Por último, la representación diplomática argentina lamentó las insinuaciones británicas que buscan poner en duda la confiabilidad del país como socio internacional. La credibilidad, subrayó, se mide por el cumplimiento de los compromisos asumidos en tratados de los que ambos Estados forman parte.