Argentina pone precio a su pasaporte: quiénes podrán comprarlo

El gobierno nacional anunció desde París un programa que abre la puerta a la ciudadanía argentina para inversores extranjeros dispuestos a pagar. La medida, presentada en el marco de la Argentina Week, genera fuertes cuestionamientos por el riesgo de que el pasaporte se convierta en un bien comercializable.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, fueron los encargados de comunicar la iniciativa. "Este anuncio forma parte del proceso continuo de apertura e integración internacional de Argentina", sostuvo Caputo durante la presentación.

Cuánto cuesta el pasaporte argentino

El esquema diseñado por el Ejecutivo contempla dos vías para acceder a la ciudadanía. La primera es un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional. La segunda permite suscribir un título público por 800.000 dólares, creado específicamente para este programa.

Los familiares del solicitante principal también pueden aplicar. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años que sean solteros y sin hijos deberán aportar 100.000 dólares al Tesoro. Para los menores de 18 años, el monto baja a 25.000 dólares, según informó el periodista Francisco Jueguen desde París.

Los países que ya venden ciudadanía

Argentina se suma a una lista reducida de naciones que impulsan el llamado "comercio de ciudadanías". En América Latina, República Dominicana ofrece su pasaporte desde 200.000 dólares mediante inversión inmobiliaria o fondos estatales; Antigua y Barbuda desde 230.000; Granada desde 235.000; Santa Lucía desde 240.000; y San Cristóbal y Nieves desde 250.000 en contribuciones estatales o 400.000 en propiedades aprobadas.

Más lejos, Vanuatu (Oceanía) tiene uno de los procesos más rápidos y económicos, con un costo inicial de 130.000 dólares. Egipto arranca en 250.000 dólares, mientras que El Salvador otorga el pasaporte a cambio de una inversión de 1 millón de dólares en Bitcoin o dólares digitales.

En Europa, Malta aplica un programa por 750.000 dólares, pero con la reprobación de la Unión Europea, que exigió enfáticamente abandonarlo antes de 2028.

Las alertas internacionales que pesan sobre la medida

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió en su momento que este tipo de prácticas suelen ser utilizadas por grandes capitales de origen dudoso para ocultar fortunas, evadir impuestos o eludir la trazabilidad de fondos sospechosos.

El programa argentino promete "evaluación y controles" alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI. Una nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión será la encargada de conducir cada trámite, con la participación de organismos especializados.

Sin embargo, el propio presidente dijo recientemente que en dos años la Argentina expulsó a 30.000 terroristas del país, una afirmación que fue calificada como una mentira o una exageración irresponsable. Ese antecedente alimenta la duda sobre si los controles serán suficientes para evitar que terroristas, narcotraficantes o estafadores que necesitan huir de sus países aprovechen el sistema para obtener un pasaporte más calificado.

El caso de Malta es un antecedente elocuente: se convirtió en un puente entre países de origen y Estados Unidos para personas con actividades de dudosa moral que no podían conseguir una visa estadounidense. Por eso fue cuestionado por la Unión Europea.

El debate de fondo: ¿se puede comprar una identidad?

Especialistas en derecho inmigratorio cuestionan duramente la iniciativa. La ciudadanía es un vínculo de lealtad, valores compartidos y deberes cívicos. Convertirla en un bien comercializable degrada su valor específico y transforma la identidad nacional en un privilegio financiero reservado para quienes disponen del dinero.

La paradoja es evidente: el mismo gobierno que instaló la soberanía sobre las Islas Malvinas como "causa nacional" propone un sistema que permitiría a inversores extranjeros adquirir la ciudadanía argentina y, con ella, la posibilidad de comprar extensas propiedades sin las restricciones que enfrentan los no ciudadanos. El debate sobre la ley de extranjerización de tierras pasaría a un segundo plano, porque un inversor con pasaporte argentino ya no necesitaría una norma que limite o extienda sus posibilidades de compra.

Obtener un pasaporte significa recibir derechos constitucionales, igualando al que los tiene por pertenencia natural o herencia de sangre. Para los críticos, eso convierte a la ciudadanía en un bien comercial y no en una adopción ciudadana.

La decisión anunciada en París es polémica y muy cuestionada. Hay cosas que no se pueden comprar y vender, y una ciudadanía no es un bien. Si el país aspira a ser una nación desarrollada y virtuosa, el camino no parece pasar por imitar prácticas que otras naciones ya descartaron.