Apuntó al empleado, se llevó la plata y una cámara lo terminó delatando en San Luis
¿Qué fue lo que los terminó ubicando en la estación de servicio, a kilómetros del comercio? El detalle que aportó el empleado tras el asalto fue clave para que las cámaras los encontraran.
La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 4 formuló cargos contra dos hombres como coautores de un robo calificado por el uso de un arma de fuego apta para el disparo. El asalto ocurrió alrededor de las 2:50 del 21 de septiembre en un comercio abierto las 24 horas sobre avenida Juan Gilberto Funes al 1100, en la ciudad de San Luis.
Los imputados son Ángel Rubén Ravera y Gonzalo Javier Varona, señalados como coautores del hecho. Según la reconstrucción de la Fiscalía, los dos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta Motomel de 150 cilindradas, blanca y negra, sin patente.
De acuerdo con la acusación, Ravera se quedó al mando del vehículo mientras Varona entraba al local con una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros. Ya adentro, habría apuntado al empleado y le habría exigido el dinero de la caja registradora. El trabajador le entregó 15.000 pesos y el sospechoso salió para reencontrarse con su acompañante, con quien habría escapado hacia el sur de la ciudad.
El rastro que dejaron las cámaras
Tras el robo, el empleado llamó al 911 y aportó datos clave: la vestimenta del presunto autor y las características de la moto utilizada. Con esa información, personal del Sistema Inteligente de Seguridad Provincial (SISPRO) comenzó un seguimiento a través de las cámaras públicas.
Así lograron ubicar a los dos hombres en una estación de servicio en la intersección de las rutas provinciales N° 3 y N° 19. Cuando la Policía llegó al lugar, Varona habría manifestado que llevaba un arma de fuego cargada entre sus prendas. Ambos fueron detenidos y durante la requisa se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.
La Fiscalía sumó como evidencia las actuaciones policiales, la denuncia, las imágenes de cámaras privadas del comercio y los registros de videovigilancia pública, además del dinero secuestrado, la motocicleta y el arma. Una pericia de Policía Científica determinó que la pistola estaba apta para efectuar disparos y que se trataba de un arma de uso civil.
Qué resolvió la jueza para cada imputado
La audiencia se realizó ante la jueza de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper, quien consideró que la acusación fiscal tenía sustento en las evidencias presentadas y tuvo por formulados los cargos contra ambos hombres.
La situación procesal de los dos quedó diferenciada. En el caso de Ravera, la Fiscalía destacó que no registra antecedentes judiciales y no pidió una medida privativa de la libertad. Por eso, la jueza dispuso su libertad con restricciones durante tres meses.
Entre las medidas impuestas, Ravera deberá firmar el libro de imputados entre los días 1 y 10 de cada mes ante la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 4 y tendrá prohibido salir de la provincia. También se estableció una restricción de acercamiento de 300 metros y de contacto con los dos trabajadores que estaban en el comercio al momento del robo, que incluye llamadas, WhatsApp, redes sociales y cualquier otro medio de comunicación.
Para Varona, en cambio, la Fiscalía solicitó 90 días de prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de riesgos para las personas que presenciaron el hecho. La representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido en la evidencia reunida, las circunstancias de la detención, la escala penal del delito atribuido y los antecedentes condenatorios del imputado.
La defensora oficial Cecilia Cabello no se opuso a la prisión preventiva, aunque cuestionó el plazo de 90 días por considerarlo excesivo. También planteó la posibilidad de acumular otras causas pendientes y avanzar hacia un eventual acuerdo de juicio abreviado.
Finalmente, la jueza Dopazo Samper hizo lugar al pedido fiscal y dictó 90 días de prisión preventiva para Varona, al considerar las medidas de investigación que todavía deben realizarse y el tiempo que podría demandar una eventual acumulación de causas y la presentación de un acuerdo de juicio abreviado.