Aprobó la Legislatura la reforma del IPROSS: el detalle que nadie esperaba en el aporte patronal

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves por mayoría la reforma de la Ley Orgánica del IPROSS, el proyecto que el gobernador Alberto Weretilneck impulsó para terminar con la afiliación obligatoria y permitir que los agentes públicos activos y pasivos elijan otra cobertura para sí y su grupo familiar primario.

La votación no fue pacífica: los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro rechazaron la iniciativa, y desde la oposición cuestionaron tanto el mecanismo de financiamiento como la letra chica del texto.

Qué pasa con la plata de los aportes

El punto que más discusión generó es el destino de los descuentos. El 100% del aporte personal —4% para activos y 5,5% para pasivos— se transferirá a la entidad que elija el afiliado. Si esa cobertura exige una cuota mayor, la diferencia corre por cuenta del trabajador.

La contribución patronal del 7%, en cambio, seguirá entrando completa al IPROSS. El proyecto la destina a planes oncológicos y especiales, prestaciones por discapacidad y prótesis, farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas.

La posibilidad de cambiar de cobertura no alcanzará a cargos electivos ni de designación política, tampoco a las autoridades superiores de los poderes del Estado, organismos de control y empresas estatales. Para jubilados y pensionados cuyos haberes liquida un organismo nacional, la derivación dependerá de un convenio específico.

El texto también prevé que, si la entidad elegida deja de brindar cobertura por causas ajenas al afiliado, este vuelva automáticamente al IPROSS y sin carencias. Los tratamientos en curso no podrán interrumpirse.

“Libertad para el afiliado”

La miembro informante Andrea Escudero (JSRN) defendió el proyecto y negó que implique privatización o vaciamiento. “El proyecto no obliga a nadie a irse del IPROSS”, remarcó. Según explicó, la meta es terminar con los “afiliados cautivos” y que cada trabajador decida si se queda o no en la obra social provincial.

Escudero también reivindicó mejoras del Instituto: convenios con centros de alta complejidad, digitalización de trámites, ampliación de prestaciones odontológicas, cobertura de prótesis, medicamentos, discapacidad y tratamientos oncológicos.

La legisladora resumió la reforma en tres objetivos: “libertad para el afiliado, fortalecimiento de la obra social y mejora obligada por parte de los prestadores”.

Las críticas: de “marketing libertario” a “puerta entreabierta”

Gabriela Picotti coincidió con la libre elección pero cuestionó las condiciones: “Libertad es libertad verdadera, sin restricciones”. Señaló que el trabajador solo dispondrá de su 4% y deberá pagar de su bolsillo cualquier diferencia, y mencionó demoras en prótesis, medicamentos y turnos, además del cobro de adicionales por parte de algunos profesionales.

Martina Lacour respaldó el principio pero objetó el mecanismo: “Liberamos a la persona pero retenemos el financiamiento”, resumió, y calificó el esquema como “prácticamente una estafa a los empleados”.

Ayelén Sposito (Vamos con Todos) rechazó la reforma y la definió como “marketing libertario”: sostuvo que no hay libertad efectiva si solo se puede derivar el 4%, un monto que difícilmente alcance para una prepaga. “En vez de estar discutiendo que la gente se vaya del IPROSS, tendríamos que estar discutiendo cómo mejoramos la obra social de los trabajadores del Estado”, planteó.

César Domínguez acompañó en general aunque marcó diferencias: advirtió que para trabajadores de menores ingresos una prepaga puede ser inaccesible y que algunos sectores quedaron directamente excluidos de la opción. A diferencia de otros opositores, sostuvo que la reforma no desfinanciará al Instituto.

Magdalena Odarda (Vamos con Todos) fue una de las más duras: “No queremos perder la obra social que le pertenece a los trabajadores y trabajadoras”. Cuestionó que la comisión legislativa de seguimiento del IPROSS no funcione efectivamente desde hace casi tres años y que el Ejecutivo haya enviado el proyecto con acuerdo de ministros, lo que habilitó su tratamiento en única vuelta y redujo la participación de trabajadores, jubilados, sindicatos y municipios. Su bloque pidió postergar el debate hasta contar con una auditoría sobre los números del Instituto.

Los que acompañaron y sus reparos

Lucas Pica (JSRN) desarrolló el argumento jurídico central del oficialismo: el 4% personal integra el salario, mientras que el 7% patronal es una obligación directa del empleador destinada a financiar un sistema solidario. Por eso rechazó que exista un derecho individual a llevarse ese porcentaje. “¿Usted se quiere ir o usted se quiere quedar?”, sintetizó.

Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) destacó que el 7% dentro del Instituto permitirá sostener las prestaciones de mayor complejidad y que la salida no será irreversible: se podrá pedir el regreso después de los 36 meses establecidos.

Lorena Matzen (UCR) citó una encuesta de SITRAJUR entre 215 trabajadores judiciales: 57 optarían por una cobertura privada, 55 permanecerían en el IPROSS y 85 condicionaron la decisión al costo y las prestaciones. “Escuchar a los trabajadores implica también actuar en consecuencia”, afirmó.

Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) votó a favor pero advirtió sobre el riesgo de “selección adversa”: que los afiliados jóvenes, sanos y con mejores salarios sean los que se vayan, mientras permanezcan los que requieren más prestaciones. Propuso un Fondo de Estabilización Prestacional con garantía del Tesoro provincial, financiado con alternativas como una retención solidaria del 15%, un canon para la entidad receptora, una cuota de reingreso y aportes de eventuales superávits. “Esta propuesta no contradice el proyecto, lo completa”, dijo.

Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) adelantó el rechazo de su bloque y calificó la iniciativa como un proyecto “para la tribuna libertaria”. Vinculó los problemas financieros del IPROSS con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios estatales y el aumento de costos de medicamentos y prestaciones, y cuestionó que los jubilados puedan optar por PAMI sin un acuerdo específico con el organismo nacional.

José Luis Berros (Vamos con Todos) comparó el escenario con los años 90 y con la experiencia de las AFJP: cuestionó que se hable de “portabilidad” cuando “estamos hablando de la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector público”, y advirtió que ante dificultades financieras el Tesoro provincial podría terminar aportando recursos adicionales.

Juan Martín (PRO-Unión Republicana) acompañó aunque consideró que la propuesta debería haber ido más lejos: “La libertad puesta de este modo termina siendo una puerta entreabierta”. Anunció que existe compromiso político para poner en funcionamiento la comisión legislativa de seguimiento.

El cierre oficialista y los cruces en la Legislatura

Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, cerró la defensa oficialista: “Lo que seguro no les voy a admitir jamás es que quieran comparar los beneficios, la calidad y el servicio del IPROSS con ninguna obra social o con ninguna prepaga. No tienen nada que envidiarle”. Con vasos de agua explicó el mecanismo: quien se vaya se lleva su 4%, pero el 7% patronal seguirá ingresando al Instituto. “No vamos a desfinanciar”, insistió, y afirmó que la competencia obligará al IPROSS a mejorar para retener afiliados.

El debate tuvo momentos de fuerte tensión con representantes gremiales de UnTER ubicados en las bandejas, en el marco del paro docente de 48 horas. El presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, reclamó silencio al público y a los legisladores, pidió que no hubiera interacciones y recordó que debía garantizarse el respeto a quien estuviera haciendo uso de la palabra.

Fuente: Legislatura de Río Negro.