Aprobaron por unanimidad la Ley de Ficha Limpia: qué cambia para los candidatos en la provincia
La Legislatura aprobó por unanimidad una ley clave que establece nuevos requisitos para ser candidato. ¿Qué pasará con quienes tengan condenas firmes?
La Legislatura tucumana aprobó por unanimidad la Ley de Ficha Limpia durante los últimos días de abril. La normativa inhabilita para acceder a cargos públicos, electivos o por designación a personas con sentencias condenatorias confirmadas en instancia revisora.
El gobernador Osvaldo Jaldo valoró el alcance institucional de la medida y la ubicó en el contexto nacional: “Hay que destacar que Tucumán es la sexta provincia que ha sancionado la Ficha Limpia. Eso no lo podemos obviar, porque muchas veces se cuestionó su tratamiento; y esta normativa consiste en los requisitos que tienen que tener aquellos que quieran ser candidatos en la provincia de Tucumán a cualquier cargo. Eso no es menor, es un avance muy importante”.
¿Qué implica la nueva ley?
La iniciativa establece que quienes tengan una condena penal firme en segunda instancia no podrán postularse ni ser designados en funciones públicas. La medida busca fortalecer la transparencia electoral y evitar que personas con antecedentes penales graves accedan a cargos de poder.
Jaldo también se refirió al rol del Poder Legislativo y a la agenda parlamentaria para el año 2026: “Seguramente todavía quedan proyectos para sancionar durante el año 2026, y los tiempos y las decisiones las va a ir tomando el Poder Legislativo”, añadió.
¿Qué otros proyectos están en agenda?
El mandatario vinculó la nueva ley con otras iniciativas vinculadas a la transparencia y el acceso a la información pública. En esa línea, afirmó: “Hay que seguir trabajando con el acceso a la información pública, porque no hay duda de que es una ley que muchas provincias y Nación la tienen. Creo que una vez que puedan consensuar un proyecto entre los diferentes espacios políticos en la Legislatura podrá salir”.
Con esta sanción, Tucumán se suma a otras cinco provincias que ya cuentan con una normativa similar, en un contexto de creciente demanda social por mayor transparencia en la gestión pública.