La Legislatura de Chubut aprobó el régimen de promoción de la economía del conocimiento, pero el debate dejó un cruce que nadie esperaba: mientras una diputada defendía la ley, otro apuntó directamente contra los data centers.
La Legislatura de Chubut dio luz verde al régimen de promoción de la economía del conocimiento, un marco de fomento pensado para emprendimientos, empresas, cooperativas y consorcios de base tecnológica. El objetivo declarado: impulsar la innovación, el desarrollo productivo y la generación de empleo. Sin embargo, el debate dejó expuestas diferencias sobre el alcance real de la norma, el financiamiento y el impacto ambiental.
Qué comprende la economía del conocimiento
La diputada Andrea Aguilera fue una de las principales defensoras de la iniciativa. Según explicó, la economía del conocimiento no se reduce a la inteligencia artificial ni a las grandes empresas tecnológicas: también abarca emprendimientos locales que incorporan innovación a la producción energética, la actividad industrial, el turismo y la prestación de servicios.
Aguilera señaló que la propuesta está orientada especialmente a pymes, cooperativas, emprendimientos y proyectos que surjan de la articulación entre el sector científico y el productivo. Además, subrayó que contempla una perspectiva territorial para que las oportunidades no queden concentradas exclusivamente en las grandes ciudades.
El cruce por los proyectos de infraestructura digital
Uno de los ejes más sensibles del debate fue la posible instalación de proyectos de infraestructura digital. Aguilera fue enfática al aclarar que la ley no está diseñada para beneficiar a una empresa en particular ni para autorizar la instalación de un proyecto específico.
«La ley no otorga tierras fiscales, la ley no concede derechos sobre fuentes de agua y no reemplaza ninguna autorización ambiental que exige nuestra legislación», sostuvo la legisladora.
En esa línea, remarcó que seguirán vigentes los procedimientos de las normativas ambientales, el Código de Aguas y el régimen de tierras fiscales. También aseguró que los beneficios impositivos solo podrán otorgarse cuando estén expresamente contemplados en la ley, sin facultades discrecionales para la autoridad provincial.
Los reparos de Arbilla: informes sin responder y financiamiento difuso
La diputada Norma Arbilla expresó sus objeciones al proyecto. Reconoció que se trata de una iniciativa interesante, pero advirtió que hay pedidos de informes que todavía no fueron respondidos y cuestionó la falta de precisiones sobre los recursos económicos destinados a su implementación.
Durante su intervención, explicó que solicitaron información sobre distintos aspectos de la propuesta, pero no obtuvieron respuestas de los organismos provinciales involucrados.
La legisladora también señaló que, si bien se contempla la intervención de un Consejo Consultivo para evaluar qué proyectos podrían recibir acompañamiento, no encuentra suficientemente desarrolladas las herramientas concretas para garantizar ese respaldo.
Por otra parte, coincidió en la necesidad de mejorar la conectividad y generar oportunidades de desarrollo en todo el territorio provincial. Como ejemplo, mencionó las cabinas de telemedicina instaladas en distintas localidades que, según indicó, no pueden cumplir su función por falta de conexión a internet.
El respaldo de González
En contraste con los cuestionamientos, el diputado Sergio González manifestó su apoyo al proyecto de ley. Lo consideró una herramienta para impulsar el desarrollo productivo y la generación de puestos de trabajo en Chubut.
Durante su intervención, sostuvo que quienes recorren la provincia conocen las necesidades laborales de las distintas localidades y remarcó la importancia de acompañar iniciativas que promuevan nuevas oportunidades de empleo.
La advertencia de Aquino por los centros de datos
El diputado Juan Aquino fue más allá y cuestionó el régimen de fomento al considerar que detrás de la iniciativa existe una estrategia para impulsar la instalación de grandes centros de datos (data centers) en Chubut.
Según su lectura, el proyecto forma parte de una serie de medidas que, a su entender, el oficialismo viene estructurando para facilitar el desarrollo de este tipo de emprendimientos.
Aquino manifestó su preocupación por los posibles impactos ambientales de estas instalaciones, particularmente por el consumo de agua y la contaminación. Como parte de sus argumentos, hizo referencia a cuestionamientos y restricciones a los centros de datos en Estados Unidos, donde, según indicó, distintas jurisdicciones comenzaron a establecer límites a este tipo de desarrollos por sus consecuencias sobre los recursos naturales.
El debate legislativo reunió así posiciones encontradas sobre el alcance del régimen de promoción tecnológica, sus herramientas de financiamiento y sus posibles implicancias ambientales. Finalmente, la ley de régimen de fomento de emprendimientos, empresas, cooperativas y consorcios de base tecnológica fue aprobada.
