Apelan la absolución de dos ex intendentes de Sierra Grande por la causa Techo Digno

El Ministerio Público presentó una impugnación ante el Tribunal de Impugnación contra la sentencia que absolvió a los ex intendentes de Sierra Grande, Nélson Iribarren y Renzo Tamburrini, en el marco de la causa conocida como Techo Digno. Ambos ex funcionarios y parte de sus equipos fueron imputados por presuntas irregularidades y sobreprecios en la construcción de viviendas del plan nacional, aunque el tribunal de juicio consideró que la acusación no logró probar los hechos.

Los fiscales Juan Pedro Peralta y Estela Pasarelli cuestionaron ayer esa decisión, centrando su crítica en el proceso constructivo, el avance de obra y las certificaciones que se realizaron durante las gestiones de Iribarren y Tamburrini.

Los dos acuerdos y las diferencias en las certificaciones

Peralta sostuvo que se firmaron dos convenios: uno en diciembre de 2014 por la construcción de 40 viviendas y otro en octubre de 2015 por tareas de infraestructura. El primero fue abonado en su totalidad por Nación, mientras que el segundo quedó impago.

Según el fiscal, tras la rescisión del contrato por parte de Iribarren, se realizaron tres relevamientos distintos: uno de profesionales del municipio y del IPPV, que coincidió en un avance real del 34,7%; otro de la propia empresa, que fue “muy puntilloso” y determinó un 46%; y un tercero que evidenció que la constructora había certificado y cobrado un avance del 71%. Esas diferencias, señaló, demuestran las irregularidades denunciadas.

El fiscal recordó que el tribunal atribuyó las diferencias a trabajos de movimiento de suelo, pero señaló que esos trabajos ya se habían pagado en el primer acuerdo y volvieron a abonarse mediante tres certificados del segundo. “Todo eso está aprobado con sus correspondientes certificados y facturas”, aseveró.

“Sobrecertificaciones evidentes y groseras”

Peralta fue contundente al referirse a las “sobrecertificaciones evidentes y groseras”. Detalló que de las 40 viviendas, algunas no tenían paredes ni revoques. “Se certificó como realizado cosas que no estaban hechas”, denunció. Puso como ejemplo que a los cuatro meses se certificó que 30 viviendas estaban revocadas, pero revisiones posteriores determinaron que solo 16 lo estaban, y de forma parcial.

El fiscal también mencionó que se certificaron 33 pisos cuando ninguna vivienda los tenía. “La desconexión entre sentencia y prueba producida en el debate es total”, cuestionó.

En su exposición, Peralta hizo referencia al testimonio de un empleado de Ernesto Noel, ex secretario de Obras Públicas, quien declaró: “nos hacían dibujar los números para que coincidan el desembolso con los certificados”. Esa versión fue desestimada por el tribunal, que, según el fiscal, “realizó una mirada forzada”.

El fiscal también apuntó a la inclusión de un acopio de materiales inexistente para achicar la brecha entre lo certificado y lo pagado. “Muchos testigos coincidieron, incluso referentes del municipio y la empresa, en negar la existencia de acopio de materiales”, argumentó. Lo mismo ocurrió con la apertura de una calle, donde solo había “huellas erráticas”.

Peralta destacó la declaración del contador del Ministerio Público, que encontró una “coincidencia exacta entre desembolsos de Nación con lo que se pagaba, incluso con decimales”, lo que confirmaría el “dibujo” declarado por el empleado. Eso evidenciaría una clara comunicación entre funcionarios municipales, algo que el tribunal habría desconocido.

El fiscal marcó diferencias entre Iribarren, quien “a simple vista pudo advertir la distancia entre lo pagado y las casas realizadas”, y Tamburrini, a quien cuestionó: “¿Cómo no pudo darse cuenta de esto?”. En ese marco, dijo que el ex intendente se desentendió de su obligación de firmar solidariamente los certificados, según lo establece la Carta Orgánica de Sierra Grande.

Finalmente, Peralta pidió que se revoquen las absoluciones de los tres funcionarios y se los declare responsables como coautores del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y uso de documento falso.