Aparecieron carteles con la cara de un femicida en pleno centro mendocino y la Corte Suprema podría definir un precedente clave

En las calles del microcentro de Mendoza, especialmente alrededor de la Plaza Independencia, comenzaron a aparecer carteles que muestran el rostro de Andrés Di Césare junto a la palabra “Femicida”. La intervención urbana no es casual: ocurre justo cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza su condena por el asesinato de Julieta González, ocurrido en septiembre de 2016.

El caso llegó a la instancia máxima a través de un recurso extraordinario, una vía excepcional que podría sentar un precedente sobre cómo se interpreta el agravante de femicidio en Argentina. El abogado penalista Carlos Parma explicó al Post que, una vez agotados los recursos ordinarios, las posibilidades de revisión son muy limitadas.

“Lo resolvió de forma definitiva la Corte de Mendoza en un recurso de casación. Solo existe una posibilidad, que es el recurso extraordinario”, señaló. Si ese planteo es rechazado por la Justicia provincial, la defensa puede acudir mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal recibe una gran cantidad de presentaciones de este tipo y la regla general es que sean desestimadas.

¿Qué debe resolver la Corte?

Para que la Corte acepte intervenir, el recurso debe cumplir estrictos requisitos de tiempo, forma y contenido. “Este complejo recurso tiene como objetivo exclusivo garantizar la supremacía constitucional y asegurar que las sentencias dictadas por los tribunales superiores no violen derechos protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, sostuvo Parma. El penalista remarcó que la admisión del caso no implica un nuevo juicio ni una revisión integral de las pruebas, sino el análisis de posibles vulneraciones a garantías constitucionales.

La decisión del máximo tribunal excede el caso puntual. Lo que deberá resolver es cómo debe interpretarse el agravante de femicidio previsto en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal. En concreto, la Corte tendrá que definir si para aplicar esa figura resulta indispensable acreditar una relación de pareja entre la víctima y el agresor, o si alcanza con demostrar que existió una situación de violencia basada en género.

Las pruebas que incriminan a Di Césare

La investigación reunió distintos elementos que apuntaron a Di Césare como principal sospechoso. Entre ellos, rastros de sangre de la joven en el vehículo del acusado, material genético hallado debajo de las uñas de la víctima y registros de búsquedas realizadas desde dispositivos vinculados al imputado. En septiembre de 2019, el Segundo Tribunal Penal Colegiado condenó a Di Césare a 18 años de prisión por homicidio simple. Los magistrados descartaron la aplicación del agravante por violencia de género.

“Este caso va a ser un leading case, porque no hay precedentes”, afirmó Parma. Según el abogado, si hubiera una modificación del fallo, el escenario más probable sería una reconsideración de la calificación jurídica del hecho y no una revisión sobre la autoría del crimen.

El crimen de Julieta González

Julieta González tenía 21 años cuando desapareció el 21 de septiembre de 2016. Días después, su cuerpo fue encontrado oculto entre piedras en una ripiera de Cacheuta. La investigación determinó que la joven había sido vista por última vez junto a Di Césare. En el vehículo del acusado se encontraron rastros de sangre de la víctima y material genético del condenado debajo de las uñas de Julieta.

En septiembre de 2019, el Segundo Tribunal Penal Colegiado condenó a Di Césare a 18 años de prisión por homicidio simple. Esa sentencia fue apelada por la fiscalía y la querella. En enero de 2021, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó aquella decisión y lo condenó a prisión perpetua al considerar que el crimen había ocurrido en un contexto de violencia de género. Los jueces entendieron que, más allá de la existencia o no de una relación formal de pareja, existían elementos suficientes para acreditar una situación de violencia ejercida contra la víctima por su condición de mujer.

Ese criterio fue ratificado posteriormente por otro tribunal del máximo órgano judicial mendocino y luego recurrido por la defensa ante la Corte Suprema de la Nación. Parma destacó además la solidez técnica del fallo que impuso la prisión perpetua. “Es una sentencia técnicamente impecable, con fundamentos que se autoabastecen”, aseguró. El abogado recordó que el tribunal oral fue el que tuvo contacto directo con la prueba y escuchó a los testigos, una situación que no se replica en las instancias de revisión.

La lucha de Susana González

Durante años, el reclamo de justicia estuvo encabezado por Susana González, madre de Julieta y exintegrante de la Policía de Mendoza. Tras la primera condena de 2019, Susana se convirtió en una de las voces más activas para exigir que el asesinato de su hija fuera reconocido como femicidio. Participó de marchas, entrevistas y actividades junto a organizaciones de familiares de víctimas y colectivos feministas. Falleció en 2024, después de haber visto cómo la Justicia mendocina modificó la condena inicial e impuso la pena máxima a Di Césare.