Anunciaron $2,3 billones para el Niño, pero dos productores fueron a la Justicia para ver dónde está esa plata

Dos productores rurales de Carlos Casares presentaron un amparo por acceso a la información pública contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. El objetivo es rastrear el recorrido administrativo y financiero de los $2,3 billones que el gobernador Axel Kicillof anunció en agosto pasado dentro del Plan de Gestión del Riesgo Climático.

La movida judicial no fue improvisada. El 22 de julio, los productores habían metido un pedido de informes formal en la mesa de entradas de la cartera de Infraestructura. Nunca obtuvieron respuesta. El 4 de septiembre se configuró la denegatoria tácita que prevé la normativa, y eso les abrió la puerta para recurrir a los tribunales. La presentación se concretó el 22 de octubre.

Qué buscan los productores

Los demandantes quieren que el Poder Judicial ordene a la administración provincial entregar de forma completa, precisa y documentada los expedientes que respaldan los anuncios económicos y la ejecución de trabajos en la Cuenca del Río Salado, con foco en la Subregión A3 y en el territorio de Carlos Casares.

Desde el ministerio de Infraestructura provincial señalaron, de manera escueta, que responderán la solicitud de informes a la brevedad. Los ruralistas, en tanto, insisten en la urgencia de verificar si los anuncios publicitados tienen respaldo administrativo formal, qué actos los aprobaron, cuáles son los estudios técnicos que los fundamentan y cuál es el cronograma financiero previsto para implementarlos en las zonas vulnerables a los anegamientos.

Licitaciones, ejecución y la realidad de la red vial

El reclamo abarca el circuito completo del dinero asignado a la prevención y a la infraestructura. La demanda exige precisiones sobre las partidas presupuestarias comprometidas, devengadas y pagadas, además de indagar sobre eventuales reasignaciones presupuestarias, créditos o préstamos internacionales destinados a financiar los trabajos.

También requiere la nómina de las empresas contratistas adjudicatarias, los pliegos de licitación, las actas de recepción de obra y los informes de inspección, para determinar la efectividad en la aplicación de los fondos públicos.

En el plano operativo, la preocupación central del sector agropecuario pasa por el estado de las obras hidráulicas y la red vial rural. El amparo solicita el detalle exacto de las intervenciones proyectadas, iniciadas, paralizadas o concluidas en canales, alcantarillas y drenajes durante 2025 y 2026, así como el plan de mantenimiento de las rutas de tierra de la región, fundamentales para garantizar la salida de la producción granaria y ganadera.

Un antecedente reciente

La presentación judicial no es un hecho aislado en el interior bonaerense. El planteo de los agricultores de Carlos Casares toma como antecedente reciente el fallo judicial en el caso “Calema contra la Municipalidad de Carlos Casares”, en el que la Justicia ordenó a la comuna brindar datos precisos e integrales sobre las obras de alcantarillado realizadas en la ruta provincial N° 50.

Con la nueva acción impulsada contra la Gobernación, los productores rurales reafirman la vía institucional como herramienta clave para fiscalizar el destino de las inversiones anunciadas para el campo bonaerense.