Amplían cargos contra mujer acusada de ejercer ilegalmente la abogacía

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II incorporó nuevos delitos a la causa de una imputada que habría actuado como profesional del derecho sin título habilitante. La fiscalía logró extender la prisión preventiva por 20 días ante el riesgo de fuga y obstrucción investigativa.

La auxiliar fiscal Natalia Carabajal representó al titular de la fiscalía, Diego Hevia, en la audiencia donde se trató la prórroga de la detención y la ampliación de la imputación. Según la investigación, entre 2020 y 2025, la acusada habría simulado ser abogada utilizando la matrícula de una profesional homónima, aunque carece completamente de título habilitante y autorización colegial.

Modalidad delictiva descubierta

Bajo esta falsa identidad profesional, la imputada habría engañado a múltiples personas ofreciéndoles asesoramiento jurídico. Les entregaba copias de escritos, cédulas y decretos judiciales que previamente había falsificado. Como contraprestación por estos servicios fraudulentos, las víctimas le habrían pagado importantes sumas de dinero.

La investigadora del Ministerio Público Fiscal explicó: “Pudimos dar con otra víctima y realizar la investigación al respecto y ampliar un nuevo cargo. Es inconmensurable el daño económico respecto a las víctimas. La acusada conoce perfectamente los datos de todas las víctimas, restando evidencia por producir”.

Nuevos delitos incorporados

La mujer enfrenta cargos por estafa mediante calidad simulada y falsos títulos en concurso real con falsificación de instrumentos públicos en forma reiterada, siendo considerada autora de estos delitos.

Adicionalmente, se le imputa el delito de intimidación pública por un incidente ocurrido el 17 de junio pasado. Ese día, utilizando un teléfono celular, envió un mensaje de texto con amenaza de bomba a una policía que se desempeña en la Dirección General de Seguridad del Poder Judicial de Tucumán. La comunicación tenía claras intenciones de infundir temor público y suscitar tumultos o desórdenes.

Consecuencias inmediatas

Esta amenaza provocó la inmediata implementación del protocolo de seguridad correspondiente y la suspensión total de las actividades durante el turno matutino en el organismo judicial.

Ante la vigencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, la Fiscalía solicitó la ampliación de las medidas de coerción de mayor intensidad por 20 días. El juez interviniente aceptó este pedido, manteniendo a la imputada en prisión preventiva mientras continúa la investigación.