Almada sigue preso y su defensa juega su última carta: qué pasará este lunes

La megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura de Entre Ríos vuelve este lunes al centro de la escena judicial. A las 12, la jueza de juicio María Carolina Castagno escuchará los argumentos con los que la defensa de Alejandro Almada buscará ponerle fin a la prisión preventiva que cumple en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

El imputado, acusado formalmente de fraude a la Administración Pública, está tras las rejas desde que la jueza de Garantías Marina Barbagelata homologó un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. Ese convenio fijó una preventiva de 30 días, con vencimiento el 13 de octubre, fecha en la que quedó abierta la posibilidad de prorrogar o morigerar la medida.

El acuerdo que nunca se cerró

Durante ese lapso, las partes tenían previsto avanzar en un juicio abreviado. Según trascendió, Almada reconocería los delitos y aceptaría una pena menor a los 10 años de cárcel de cumplimiento efectivo que reclama el fiscal Ignacio Aramberry en su pedido de elevación a juicio.

El 13 de octubre, el juez de Garantías Julián Carlos Vergara —que subrogó a Barbagelata— prorrogó la preventiva por otros 30 días. La defensa de Almada, a cargo de Miguel Ángel Cullen, apeló esa decisión y ahora la jueza Castagno deberá resolver.

Los argumentos del fiscal: fuga y domicilio falso

En la audiencia de septiembre, Aramberry había detallado por qué consideraba que la prisión preventiva era necesaria. El eje fue el riesgo de fuga y el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas en marzo de 2019.

«Entendemos que se configura la falsedad del domicilio real y esto es considerado indicio de fuga. Se verificó la transgresión a las normas de conductas impuestas el 15 de marzo de 2019. El domicilio fue ratificado en el inicio de la remisión del caso a juicio, donde se remitió una planilla firmada por el imputado. La fiscalía no ha tenido oportunidad de considerar que el imputado haya informado un cambio de domicilio», sostuvo el fiscal.

Aramberry también señaló que otra de las reglas vigentes era la prohibición de salir de Paraná sin autorización judicial o acuerdo previo con la Fiscalía. «Estas son las pautas que fueron infringidas por el imputado al falsear su situación de residencia», afirmó, y agregó: «Esto exhibe cierta falta de arraigo en la ciudad donde había constituido el domicilio para estar vinculado a la causa y a las facilidades para ocultarse. Constituye un riesgo probable de fuga».

El representante del Ministerio Público Fiscal puso el foco además en la expectativa de pena: «Hemos pedido una pena de cumplimiento efectivo de diez años de prisión». Y advirtió: «Esta causa está próxima a remitirse el caso a juicio donde el riesgo de fuga se amplía exponencialmente».

Una red de negocios en la frontera

El otro pilar de la acusación es el desplazamiento del centro de vida de Almada hacia Brasil. Según los registros migratorios, el imputado dejó el domicilio fijado en Los Ceibos, en Paraná, y se instaló cerca de la frontera. Los datos muestran estadías prolongadas fuera del país: en 2020 llegó a pasar 302 días fuera de Argentina y, sumando todas sus salidas, acumula casi tres años en el exterior.

Para la Fiscalía, esos movimientos coinciden con la puesta en marcha de un entramado comercial familiar en Foz de Iguaçu. La cara visible es su pareja, Micaela Banegas, sobre quien pesa una inhibición general de bienes. Como no se les conocen ingresos formales en el país que justifiquen esas inversiones, el fiscal dedujo que las operaciones buscaban eludir las restricciones patrimoniales.

Los emprendimientos registrados en Brasil a nombre del círculo familiar de Almada, según precisó Aramberry, suman estos montos en reales:

- Garage en Bar Limitada: aporte de capital de Micaela Banegas por 400.000 reales.

- Bar B 8, 1 Restaurant Limitada: firma vinculada a la anterior, con 100.000 reales.

- Herman Holding Limitada: dedicada a compra, venta y alquiler de inmuebles propios, con 100.000 reales.

- Vibra Travel, Agencia de Viajes Limitada: agencia de viajes con 20.000 reales.

- Tomás Valentín Bar Limitada: emprendimiento a nombre de su cuñado, con 200.000 reales.

El fiscal remarcó que acumular esas sumas en una zona de triple frontera apunta a quebrar la inhibición de bienes y que los vínculos con el rubro turístico aumentan el riesgo de fuga por los contactos con otros destinos internacionales.

Qué se investiga en la causa de los contratos truchos

La prisión preventiva de Almada se enmarca en el expediente que investiga el desfalco de fondos públicos en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. El perjuicio estimado para la Administración Pública ronda los 53 millones de dólares.

En la estructura ilícita, Almada tenía un rol estratégico. Es cuñado de Juan Pablo Aguilera, a su vez cuñado del exgobernador Sergio Urribarri. Aunque formalmente figuraba como empleado de la Dirección Contable de la Cámara de Diputados bajo las órdenes de Sergio Esteban Cardoso —también imputado—, en la organización los roles se invertían y Almada operaba como jefe de Cardoso. Además, era socio de la empresa Next SRL, investigada por haber sido beneficiada con contratos legislativos entre 2010 y 2015.

La imputación sostiene que, junto a Aguilera, Almada no solo recolectaba el dinero de los demás coimputados, sino que intervenía en la gestión de los contratos falsos «para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación».