Allen: el intendente denunció por falsificación y tres concejales contraatacaron con una acusación por regalías

La pelea entre el intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), y el Concejo Deliberante sumó un nuevo capítulo en la Justicia. Mientras la revocatoria contra el jefe comunal avanza en su segunda semana de recolección de firmas, las dos partes cruzaron denuncias penales que quedaron en manos de la Fiscalía.

El origen del conflicto es el pedido de revocatoria que presentó la vecina Silvina Cantero el 22 de mayo con 3.111 firmas. Tras el control del cuerpo legislativo, se habilitaron cinco libros para una nueva etapa de avales que se extenderá hasta el 9 de octubre. En esa instancia se necesitan 4.579 firmas, el 20% del padrón municipal usado en las elecciones de 2023, para que el proceso avance hacia un Referéndum Popular.

La denuncia del intendente por las planillas

Román anunció en sus redes sociales que se presentó ante la Fiscalía Descentralizada de Allen y denunció a quienes resulten responsables por la presunta falsificación y uso de documentación falsa vinculada a las 104 planillas que Cantero llevó al Concejo Deliberante. En el escrito menciona los artículos 292, 293 y 296 del Código Penal y pide que se determine quiénes pudieron haber intervenido en la eventual falsificación o utilización de esos documentos.

La presentación se apoya en uno de los cuestionamientos que el intendente ya había planteado durante el trámite: sostiene que hay firmas que no corresponderían a personas empadronadas, otras que no serían legibles y posibles irregularidades en las planillas. El Concejo, en cambio, informó que hizo su propio control y consideró válidas 2.345 firmas sobre las 3.111 presentadas inicialmente.

Román también volvió a cuestionar el procedimiento del cuerpo legislativo y señaló que durante el trámite no tuvo acceso a las planillas originales. Según su publicación, la decisión de continuar con la revocatoria se tomó sobre documentación que podría contener firmas o datos falsificados. La investigación deberá determinar si existieron irregularidades y, en ese caso, quiénes serían responsables.

La acusación de los concejales por las regalías

En paralelo, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, y los concejales Guillermo Pennesi y Agustina Sánchez presentaron una denuncia penal contra Román por el manejo de los intereses y rendimientos financieros generados por fondos de regalías hidrocarburíferas, que habrían sido derivados hacia gastos corrientes del Municipio.

La denuncia sostiene que los intereses obtenidos por colocaciones financieras de fondos de regalías fueron transferidos a la cuenta operativa municipal destinada al pago de sueldos. Para los concejales, esos recursos mantienen la afectación específica de las regalías y su uso para gastos corrientes podría configurar los delitos de malversación de caudales públicos, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el escrito, Figueroa, Pennesi y Sánchez también hacen referencia a una investigación penal previa contra Román. Señalan que el 18 de junio de 2026 se realizó una audiencia de formulación de cargos en otro legajo y sostienen que el nuevo planteo estaría relacionado con el manejo de recursos municipales. Además, atribuyen relevancia a una nota del Tribunal de Cuentas Municipal que, según la denuncia, había advertido sobre el tratamiento de los intereses de las regalías.

La presentación de los concejales solicita distintas medidas de prueba para determinar el recorrido de los fondos. Entre ellas, pide información sobre los movimientos de la cuenta de regalías y de la cuenta operativa destinada a sueldos desde el 10 de diciembre de 2023, además de una pericia contable e informática para establecer los intereses generados y las eventuales transferencias.