Allanaron viviendas tras amenazas de tiroteo en un colegio: lo que encontraron los investigadores

La Justicia allanó viviendas en Concepción y Arcadia este sábado 18 de abril en el marco de una investigación por amenazas de tiroteo contra el Instituto San Luis Gonzaga. Las medidas, que no resultaron en detenciones, buscan esclarecer el origen de mensajes intimidatorios que anunciaban un presunto ataque para el viernes 17 de abril.

La causa por intimidación pública está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, dirigida por la fiscal Marta Mariana Rivadeneira, con autorización del juez Federico Moeykens. La investigación se inició tras una denuncia que advertía sobre inscripciones en los sanitarios del colegio y mensajes difundidos vía WhatsApp.

¿Qué evidencias se recolectaron?

Desde el inicio de las actuaciones, el Ministerio Fiscal mantuvo una intervención activa y estratégica. El prosecretario Patricio Reynoso y el auxiliar fiscal Leandro David Abdala supervisaron las tareas de constatación y la recolección de evidencias digitales, que incluyeron capturas de pantalla de estados de WhatsApp y otros canales donde se viralizó el mensaje intimidatorio.

Los allanamientos fueron ejecutados por la División de Delitos Telemáticos en una vivienda del barrio CGT de Concepción y en un inmueble de Arcadia. Durante los procedimientos, se dispuso el secuestro de celulares, tablets, computadoras, notebooks y dispositivos de almacenamiento externo, además de otros elementos de interés para la causa, entre ellos eventuales armas de fuego o municiones, que serán sometidos a pericias.

¿Por qué no hubo detenciones?

De acuerdo con lo informado oficialmente, no se ordenaron detenciones debido al carácter excepcional del Sistema de Justicia Penal Juvenil, ya que las personas identificadas hasta el momento son menores de edad. No obstante, la fiscal Rivadeneira subrayó que la investigación no se limita a establecer responsabilidades individuales, sino que busca determinar si las adolescentes involucradas fueron utilizadas o incitadas por adultos.

¿Es parte de un patrón más amplio?

El MPF reveló que ya se registraron al menos 40 denuncias similares en distintas instituciones educativas de Tucumán, lo que refuerza la hipótesis de que estos hechos podrían responder a un “desafío viral”. Según esta línea investigativa, personas desconocidas aprovecharían redes sociales y plataformas de mensajería para inducir a menores a generar amenazas falsas y provocar pánico social.

Como parte de las medidas de protección, la Justicia ordenó la intervención urgente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAYF), con el objetivo de garantizar el acompañamiento integral de las adolescentes involucradas, preservando su dignidad y privacidad mientras avanza la causa.

El expediente continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis de los dispositivos secuestrados, con el objetivo de identificar el origen de los mensajes y determinar posibles responsabilidades penales en una serie de hechos que ya impactan de lleno en la seguridad pública y el normal funcionamiento de las instituciones educativas.