Allanaron su parrilla, no encontraron droga, pero ahora "Don Beto" duerme en la cárcel

La Justicia de Casilda imputó a nueve personas por integrar una organización dedicada al microtráfico de cocaína y marihuana, según informó la Fiscalía. La estructura, que habría operado durante casi dos años, tenía puntos de acopio, fraccionamiento y venta distribuidos en la ciudad.

La audiencia imputativa arrancó el sábado 18 de septiembre y terminó este martes en los Tribunales Provinciales de Casilda. Los fiscales Franco Carbone, jefe de la Unidad de Microtráfico del MPA, y César Cabrera Molino les atribuyeron a los acusados distintos grados de participación.

El líder y su parrilla allanada

Para la Fiscalía, el coordinador principal era Alberto "Beto" L., un hombre con antecedentes por venta de drogas que en los últimos años también se dedicaba a la gastronomía. Su parrilla "Don Beto" fue allanada diez días antes de la audiencia: la policía secuestró elementos de fraccionamiento, pero no encontró droga en el local.

Según la hipótesis fiscal, "Beto" L. ocupaba el lugar central de la estructura: daba las directivas, definía los lugares de venta y manejaba los recursos económicos. También habría sido el nexo entre los integrantes y habría financiado la asistencia y el sostenimiento de personas detenidas vinculadas a la organización.

Su hijo, Franco A. L., habría tenido una intervención directa en la recepción, el traslado, la logística y la entrega de la droga destinada a la venta.

Los roles dentro de la estructura

La acusación señala a Daiana L. M. y Magalí E. R. como coordinadoras y enlaces. La primera habría indicado puntos de venta y cobrado dinero a los vendedores al menudeo para después entregar parte de las ganancias a la conducción. A la segunda se le atribuye haber intervenido en el abastecimiento y en la coordinación entre la droga y los domicilios usados para comercializarla.

El resto de los imputados habría cumplido funciones más operativas. Mirta C. N. y Sasha M. L. fueron vinculadas con la guarda, el almacenamiento, el fraccionamiento y la venta directa a consumidores. A Iván M. C. se le atribuye la custodia y comercialización de la droga, mientras que Luciana M. B. habría intervenido en su custodia, fraccionamiento y expendio. Ramón H. R., por su parte, es señalado por preparar y fraccionar estupefacientes en un establecimiento comercial que, según la Fiscalía, era utilizado como fachada.

Quiénes quedaron presos y quiénes recuperaron la libertad

La resolución judicial dispuso medidas cautelares distintas para cada imputado. Alberto F. L. y Franco A. L. quedaron en prisión preventiva efectiva por seis meses. Daiana L. M. y Sasha M. L. deberán permanecer detenidas por dos meses. Mirta C. N. continuará privada de su libertad hasta el 4 de noviembre, según lo resuelto en la audiencia.

Para Ramón H. R., Luciana M. B., Iván M. C. y Magalí E. R. se dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que recuperaron la libertad. Entre las condiciones fijadas están presentarse periódicamente ante la Oficina de Gestión Judicial, fijar domicilio y no contactar por ningún medio a los demás imputados.

La investigación sigue en curso para determinar cómo funcionaba la estructura y hasta dónde llegaban las maniobras de comercialización en Casilda. La acusación fiscal sostiene que la actividad se extendió durante aproximadamente un año y ocho meses y que cada integrante cumplía un rol diferenciado para sostener la venta de cocaína y marihuana bajo la modalidad de microtráfico.