Allanaron la planta donde se hicieron los caños del Acueducto Gran Tulum: lo que encontraron
Parecía que la causa del Acueducto Gran Tulum iba a quedar en la nada, pero tres allanamientos simultáneos en la planta donde se fabricaron los caños cambiaron el escenario. La Fiscalía tiene 90 días para juntar pruebas. ¿Qué encontraron en los operativos?
La investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sumó un capítulo que promete sacudir el expediente: tres allanamientos simultáneos en instalaciones de la empresa Krah, la firma que fabricó las cañerías de la obra paralizada.
Los procedimientos alcanzaron las oficinas administrativas de la compañía, en Capital, y la planta de Albardón donde se produjeron los conductos que hoy son parte central del análisis judicial. La Justicia busca determinar si hubo irregularidades en la contratación, adquisición y utilización de esos materiales.
Un plazo clave: 90 días para reunir pruebas
La Fiscalía dispone ahora de otros 90 días para reunir, ordenar y evaluar la evidencia. La extensión se justifica por la complejidad técnica del expediente y el volumen de documentación a revisar.
Sin embargo, el dato que no puede perderse de vista es que hasta el momento no existe formalización de la causa ni imputaciones concretas. La investigación permanece en una instancia preliminar, sin que se haya habilitado la participación formal de las defensas.
Si las pruebas reunidas permiten sostener las sospechas iniciales, la Fiscalía podría solicitar una audiencia de formalización. Por ahora, nadie está acusado formalmente y rige plenamente la presunción de inocencia.
Una obra estratégica que sigue sin respuestas
El Acueducto Gran Tulum fue concebido como una obra fundamental para ampliar y mejorar el abastecimiento de agua potable en el Gran San Juan y en todo el Valle de Tulum. Que permanezca paralizado mientras se intenta determinar qué ocurrió durante su ejecución representa, por sí mismo, un perjuicio para toda la comunidad.
El expediente amenaza con atravesar prácticamente los cuatro años de la actual gestión de gobierno sin haber producido todavía una definición judicial sobre las sospechas que pesan sobre una obra heredada de la administración anterior.
La prudencia resulta indispensable: una investigación judicial no equivale a una condena. Pero esa misma prudencia tampoco debería confundirse con una demora indefinida. San Juan necesita saber qué ocurrió, quiénes tuvieron responsabilidades y, fundamentalmente, qué debe hacerse para recuperar una obra imprescindible.
Porque una Justicia que investiga durante años una infraestructura vital corre el riesgo de llegar demasiado tarde para aquello que la sociedad más necesita: soluciones.
