Alerta por la reforma de la Ley de Tierras: advierten que se abre la puerta a la extranjerización

La diputada nacional Julieta Campo (Unión por la Patria) salió a cuestionar con dureza el proyecto de reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional. En diálogo con Radio Libertad, la legisladora chaqueña aseguró que la iniciativa representa un cambio profundo en el régimen de protección de la propiedad rural y encendió las alarmas sobre sus consecuencias.

La reforma, que se tratará en el Senado el próximo 6 de agosto, busca eliminar los límites actuales para que grupos económicos extranjeros puedan adquirir tierras en el país. Para Campo, esto implicaría una pérdida de soberanía sobre áreas consideradas estratégicas. "Quieren abrir la puerta a la extranjerización de nuestras tierras", expresó contundente.

La legisladora recordó que el proyecto ya fue postergado en una sesión anterior por falta de votos, pero el debate sigue abierto en el Congreso. Ahora, la Cámara de Diputados aún no tiene fecha definida para tratarlo, mientras el Senado se prepara para darle ingreso.

Qué dice la ley vigente

Campo explicó que la Ley de Tierras sancionada en 2011, en plena crisis financiera internacional, estableció restricciones claras para la compra de campos por parte de extranjeros. El objetivo era evitar que grandes grupos financieros se hicieran de superficies estratégicas como resguardo de capitales.

Según precisó, la normativa actual fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y prohíbe la adquisición de zonas sensibles como áreas ribereñas, acuíferos, lagos y zonas de frontera. "Eso es lo que el Gobierno quiere eliminar", advirtió.

Además, remarcó que el proyecto no apunta a ciudadanos extranjeros que quieran radicarse y producir, sino a facilitar el acceso de grandes grupos económicos internacionales al territorio argentino.

El impacto en el Chaco

La diputada aportó datos que preocupan: a nivel nacional, unas 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras, una superficie comparable a todo el territorio de Inglaterra. La reforma, dijo, abriría nuevas posibilidades para incrementar esa concentración.

En el Chaco, la situación también es delicada. Entre 250 mil y 300 mil hectáreas rurales pertenecen a propietarios extranjeros, una extensión equivalente a 11 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Y el 60% de esas tierras se concentra en el departamento General Güemes, donde se encuentra El Impenetrable.

Campo destacó que esa región es estratégica por su biodiversidad, sus bosques nativos y las comunidades que la habitan. "Esto viene por las joyas de la abuela. Busca abrir la puerta para que grupos económicos extranjeros puedan hacerse de nuestro territorio. Es una pérdida enorme de soberanía", aseguró.

Soberanía y recursos estratégicos

Para la legisladora, la aprobación del proyecto implicaría una reducción de las herramientas legales del Estado para proteger recursos clave. "Lo que se pierde es soberanía porque vamos a perder el manejo de nuestro territorio. El Chaco tiene zonas de frontera, ríos y bosques que son estratégicos para el país", sostuvo.

Además, vinculó la reforma con la reciente visita de la directora gerente del FMI. "La visita del FMI y esta reforma son parte de una misma política de desnacionalización de la economía. Lo que buscan es avanzar sobre los bienes estratégicos de la Argentina", expresó.

En ese marco, insistió en que el debate excede la cuestión de la propiedad privada y debe contemplar el impacto en las provincias con zonas de frontera, cursos de agua y áreas de alto valor ambiental.

Críticas al modelo económico

La diputada también aprovechó para criticar las políticas económicas del Gobierno nacional y su impacto en el Chaco. Señaló que los regímenes promocionales anunciados no generaron las inversiones prometidas.

"No llegaron las inversiones prometidas ni con el Rigi ni con el resto de los regímenes. En cambio, encontramos más de mil empresas cerradas en el Chaco y alrededor de 8 mil personas que pasaron del empleo formal al trabajo informal", afirmó.

También cuestionó el aumento de las tarifas, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la reducción de la obra pública nacional. Factores que, según dijo, repercuten directamente en las economías familiares y en la actividad productiva provincial.

Pedido a los legisladores

Campo lanzó un pedido directo a los representantes de La Libertad Avanza: "Me gustaría saber cuál sería el beneficio para la provincia. Hasta ahora no vemos inversiones que generen empleo, sino un deterioro de la situación económica y laboral".

La legisladora cerró con una dura crítica al rol del FMI en las decisiones del país: "No podemos permitir que organismos como el Fondo Monetario Internacional condicionen la manera de gobernar la Argentina. Necesitamos un presidente que gobierne para los argentinos y no un gerente del FMI".