Alerta en Cerro Negro: los proveedores mineros advierten que el conflicto pone en jaque a cientos de empresas

La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) pidió este viernes priorizar el diálogo para destrabar el conflicto que atraviesa el yacimiento Cerro Negro, operado por Newmont, y advirtió que una prolongación de las medidas de fuerza puede golpear de lleno al empleo y a las empresas locales del norte santacruceño.

La entidad sostuvo que la seguridad y la fiscalización estatal deben garantizarse, pero remarcó que también es necesario preservar la continuidad de la actividad y las fuentes de trabajo que dependen de la operación minera.

Qué planteó CAPROMISA sobre el conflicto en Cerro Negro

Desde la Cámara señalaron que el Estado tiene la responsabilidad de controlar y exigir el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en materia de seguridad e higiene laboral.

Sin embargo, consideraron que la forma en que se desarrolló la fiscalización y la magnitud de las medidas adoptadas fueron desmesuradas. En ese marco, advirtieron que una paralización prolongada puede generar consecuencias que excedan a la empresa operadora.

"Cerro Negro no es solamente una operación minera. A su alrededor existe una extensa cadena de valor integrada por pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz que generan empleo, realizan inversiones y contratan bienes y servicios en nuestras comunidades", señalaron desde la entidad.

La Cámara remarcó que un freno en una operación de esta magnitud puede repercutir sobre contratistas, proveedores, transportistas, comerciantes y trabajadores de distintas localidades de la provincia.

El antecedente de los controles y el empleo local

Las inspecciones sobre Cerro Negro no comenzaron con el operativo de septiembre. En mayo, el Gobierno provincial había realizado una fiscalización integral en el yacimiento y había informado la detección de distintas irregularidades, con requerimientos de medidas correctivas a la empresa.

En junio, además, el Ministerio de Trabajo reunió a representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y Newmont para analizar irregularidades detectadas durante inspecciones de seguridad e higiene y avanzar en acciones correctivas. En ese encuentro también se abordó el cumplimiento de la normativa vinculada al empleo santacruceño.

La cuestión laboral tiene además un antecedente reciente: en agosto, el gobernador Claudio Vidal encabezó una mesa de trabajo con AOMA, ASIMRA, UOCRA, Camioneros y UPSAP para abordar específicamente el empleo local y la seguridad en Cerro Negro.

Qué pidió la Cámara y qué puede pasar ahora

CAPROMISA convocó a las autoridades provinciales, las organizaciones de trabajadores, Newmont, las cámaras empresariales y las empresas proveedoras a participar de una instancia de diálogo para buscar una salida al conflicto.

"El cumplimiento de la ley, la seguridad de los trabajadores, la defensa del empleo santacruceño y la continuidad productiva deben formar parte de un mismo objetivo. No son intereses contrapuestos", sostuvo la entidad.

La posición de CAPROMISA no implica cuestionar la necesidad de los controles, sino reclamar que las eventuales correcciones se realicen dentro del marco legal y procurando evitar una escalada que pueda afectar a la cadena de proveedores.

El Gobierno provincial, por su parte, informó que las inspecciones continúan y que incluso evalúa la posibilidad de avanzar con una medida de mayor alcance sobre la operación si las condiciones detectadas así lo justifican, aunque aclaró que al momento de esa declaración no había una decisión tomada.

Para CAPROMISA, el desafío consiste en compatibilizar seguridad y cumplimiento normativo con la continuidad del entramado productivo. "Preservar las fuentes de trabajo de los vecinos santacruceños debe ser una prioridad compartida", concluyeron desde la Comisión Directiva de la Cámara.