Alberdi: los cheques que salieron por ventanilla y la cifra que la Justicia todavía no logra explicar

La investigación por el manejo de fondos en la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi sumó un capítulo que los pesquisas consideran decisivo: un rastreo de la Procelac detectó cheques cobrados por ventanilla durante 2023 y 2024 que, en esa jurisdicción, movieron alrededor de $ 6.000 millones. El dato, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, podría encajar en un engranaje para introducir dinero de origen presuntamente ilegal en el circuito formal.

El expediente lo lleva el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, con el juez José Manuel Díaz Vélez a cargo. En octubre de 2025 el magistrado procesó a seis sospechosos y les trabó embargos millonarios.

Quiénes están procesados y cómo cumplen la medida

La resolución alcanzó al ex jefe municipal Campos, a Figueroa, al ex secretario de Hacienda José del Carmen Roldán, al ex secretario de Acción y Desarrollo Social Pablo Exequiel Barrionuevo, al ex concejal José Albano Loru y al empresario Roque Cayetano "Chipi" Giménez.

Los embargos quedaron fijados en $ 250 millones para Campos, Figueroa, Barrionuevo y Loru. Para Giménez y Roldán, en tanto, se dispusieron medidas patrimoniales de $ 200 millones a cada uno.

Sobre la situación de los acusados, Barrionuevo, Loru y Giménez siguen alojados en el establecimiento penitenciario de Benjamín Paz. El matrimonio Campos-Figueroa continúa en libertad y Roldán cumple arresto domiciliario por problemas de salud.

Las defensas de los detenidos presentaron distintos planteos de excarcelación, pero hasta ahora no consiguieron resoluciones favorables. Entre sus argumentos cuestionaron que existan pruebas suficientes de un incremento patrimonial injustificado y rechazaron que se hayan acreditado vínculos de sus representados con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

De la calle a los expedientes: cómo nació el caso

El escándalo estalló en junio de 2025, cerca de un año después de un doble crimen ocurrido en Salta. Todo se disparó cuando se difundió una grabación de una conversación entre el entonces intendente Campos y el empresario Giménez.

En ese diálogo se mencionaban supuestas relaciones con actividades vinculadas al narcotráfico, negocios hechos con recursos públicos y posibles irregularidades en el manejo de fondos municipales. La repercusión política y judicial fue inmediata por la gravedad de las acusaciones.

La crisis institucional terminó con la intervención de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo. Desde entonces se abrieron investigaciones para determinar si los hechos denunciados constituían delitos y quiénes habrían participado.

Dos fueros, dos velocidades

La discusión por la competencia derivó en dos jurisdicciones. La Justicia provincial quedó a cargo de las posibles maniobras de malversación de recursos públicos. La Justicia Federal asumió el análisis de los hechos que podrían configurar lavado de activos y otras operaciones con fondos de presunto origen ilícito.

El contraste es notorio: el expediente federal ya llegó al procesamiento de seis personas, mientras que la causa provincial todavía no registraba acusaciones formales contra los sospechosos pese al tiempo transcurrido. Esa diferencia es uno de los puntos relevantes del caso, porque las responsabilidades podrían estar entrelazadas aunque las competencias sean distintas.

El giro que abrió una nueva etapa

En marzo de 2026 la Justicia Federal tomó una decisión que amplió el alcance de las actuaciones. Los expedientes por operaciones similares detectadas en otros cuatro municipios tucumanos fueron archivados, pero la investigación de Alberdi se mantuvo abierta.

Por eso las actuaciones sobre los retiros bancarios se remitieron al Juzgado Federal N° 2 para sumarlas al expediente principal. La medida habilitó analizar en conjunto las extracciones millonarias y las contrataciones municipales que forman parte de las sospechas iniciales.

Uno de los objetivos centrales es definir si determinados contratos celebrados desde la administración municipal pudieron usarse para justificar movimientos de dinero sin respaldo económico suficiente. La hipótesis de los investigadores apunta a una posible estructura organizada que habría aprovechado los mecanismos administrativos y financieros del municipio para concretar operaciones irregulares.

Qué falta probar

El análisis de los movimientos por unos $ 6.000 millones podría permitir establecer si las extracciones respondían a actividades legítimas de la Municipalidad o si sirvieron como parte de un mecanismo para movilizar fondos sin justificación suficiente.

Sin embargo, la existencia de esos movimientos no demuestra por sí sola la comisión de un delito. Será necesario establecer su vinculación concreta con las conductas que se atribuyen a los procesados.

La Fiscalía deberá seguir reuniendo elementos sobre las contrataciones, los movimientos financieros y las eventuales conexiones entre los involucrados. El expediente permanece abierto y los seis acusados continúan sometidos al proceso, mientras sus defensas cuestionan las pruebas y buscan revertir las medidas.

El caso Alberdi se convirtió en una investigación de fuerte impacto institucional en Tucumán, no solo por las sospechas sobre el manejo de recursos públicos, sino también por la posibilidad de que una estructura municipal haya sido utilizada para operaciones de lavado vinculadas con actividades ilícitas. La Justicia Federal deberá determinar si las maniobras responden a una organización delictiva y fijar las responsabilidades individuales, mientras sigue pendiente el avance de la causa provincial por las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos municipales.