Alarma en Argentina: más de 150 mil denuncias por grooming y explotación sexual infantil en un año

Unicef Argentina lanzó una guía técnica para investigar delitos digitales contra menores, mientras se revela que el año pasado se registraron más de 150.000 denuncias vinculadas con grooming y explotación sexual en entornos digitales en el país.

El dato surge de Investigar para proteger, un documento presentado por Unicef que busca orientar a operadores judiciales en causas que involucran delitos cometidos en internet y evidencia digital. Según el informe, las denuncias ingresaron al país desde el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), con más de 240.000 archivos y 437.390 niñas, niños y adolescentes víctimas. La curva muestra un crecimiento sostenido: en 2016 fueron 8.840 reportes; en 2024, 120.162.

¿Por qué es clave actuar rápido?

Unicef advierte que internet facilitó nuevas formas de acoso, explotación y circulación de material de abuso sexual. La distancia física ya no es una barrera: una víctima puede estar en una provincia, el sospechoso en otra y la evidencia en servidores fuera del país. Por eso, el informe plantea tres pasos para una investigación eficiente: identificar el hecho denunciado y encuadrarlo legalmente, resguardar la evidencia digital, y avanzar con medidas para identificar al sospechoso.

La evidencia digital tiene una lógica distinta a la prueba física tradicional: chats, correos, perfiles, imágenes, videos, direcciones IP, registros de acceso y archivos pueden ser eliminados, modificados o perder trazabilidad. En casos de grooming, la víctima o su familia suelen tener parte de la información. La guía recomienda aportar ese material de inmediato, intacto y sin borrados parciales.

¿Qué pasa con los deepfakes?

La guía, elaborada por Daniela Dupuy, fiscal especializada en cibercrimen, incluye una advertencia sobre los deepfakes: imágenes hiperrealistas manipuladas digitalmente que muestran a menores en situaciones sexuales que nunca ocurrieron. La inteligencia artificial agrava el desafío: la Justicia ya no solo debe determinar quién compartió un archivo, sino si fue creado o editado con herramientas digitales. Los deepfakes no están legislados en algunos países de la región, lo que dificulta la investigación.

Además, se destaca la necesidad de cooperación internacional. Los agresores, víctimas, servidores y empresas tecnológicas pueden estar en países distintos, lo que exige mecanismos ágiles entre Estados, fuerzas de seguridad, fiscalías y proveedores de servicios de internet.