Agredir a un médico o a una maestra en Buenos Aires ahora sale mucho más caro
Un médico recibió una trompada en plena guardia. Una maestra fue hostigada frente a sus alumnos. Lo que aprobaron en la Legislatura bonaerense cambia el futuro de esos episodios: las multas, el arresto y un detalle que casi nadie vio venir.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley este martes un paquete de proyectos que llegaron desde el Senado. Entre ellos, el que más ruido hizo es el que endurece las penas para quienes agredan, hostiguen o maltraten a docentes, médicos, enfermeros y agentes de servicios públicos esenciales.
La iniciativa fue impulsada por el legislador de Unión y Libertad Sergio Vargas y modifica de lleno el artículo 74 bis del Código de Faltas bonaerense. El objetivo es claro: frenar la escalada de episodios violentos e intimidaciones que se vienen registrando en escuelas públicas y guardias hospitalarias del Conurbano y del resto de la provincia.
Un escudo legal que se amplía
Hasta ahora, la protección alcanzaba solo al personal educativo, a través de la Ley 14.898. Con esta reforma, el paraguas legal se extiende formalmente a médicos, enfermeros, choferes de ambulancia y agentes estatales.
«La realidad actual nos exige ampliar este ‘escudo legal’ para abrazar también a los profesionales de la salud y agentes que enfrentan situaciones de violencia idénticas. Defender a nuestros servidores públicos es defender la continuidad de los servicios que recibe cada ciudadano», enfatizó el senador Sergio Vargas.
Arresto, multas y un registro provincial
Las sanciones para quienes insulten, agravien o perturben el normal desarrollo de las tareas públicas van de 5 a 30 días de arresto o multas de entre 50 y 500 Unidades Fijas (UF). Las penas se incrementan de forma sensible cuando los hechos ocurren dentro de los colegios frente a los alumnos o en centros médicos ante otros pacientes.
La norma también obliga al Gobierno provincial a garantizar patrocinio jurídico gratuito para que los trabajadores agredidos puedan constituirse como querellantes. Además, deberán recibir asistencia psicológica inmediata a través de salud ocupacional o las ART.
En paralelo, la ley dispone el auxilio de la fuerza pública para retirar de inmediato al agresor del establecimiento y crea el Registro Provincial de Hechos de Violencia Institucional, un mapa estadístico que permitirá detectar las zonas críticas de la provincia y destinar allí más recursos de seguridad.
El texto quedó a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
