Advierten que Tucumán se inunda más seguido y apuntan a un error que se repite hace años

El ingeniero Leandro Díaz, director del Laboratorio de Construcciones Hidráulicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), lanzó una advertencia que preocupa de cara a la temporada de lluvias: los episodios extremos se repiten con mayor frecuencia y la provincia está cada vez más expuesta.

El especialista explicó que el cambio no pasa tanto por cuánta agua cae, sino por cada cuánto lo hace. "Si bien quizás en el milimetraje no llueva más de lo que llovió alguna vez en el pasado, ocurre más seguido", señaló Díaz.

La temporada de precipitaciones se extiende de octubre a marzo, el período en el que Tucumán registra sus mayores acumulados. Según el diagnóstico del ingeniero, el volumen total podría mantenerse dentro de los parámetros normales, pero eso no descarta tormentas localizadas capaces de descargar grandes cantidades de agua en muy poco tiempo.

El Niño, el calentamiento global y una geografía que juega en contra

Díaz vinculó este escenario con las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, cuya fase cálida se caracteriza por un aumento anormal de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial. Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del planeta.

En el escenario descrito como un “Súper Niño”, las condiciones podrían favorecer episodios meteorológicos de elevada intensidad. A eso se suma el calentamiento de la atmósfera, que incrementa la energía disponible para el desarrollo de tormentas y puede generar precipitaciones muy fuertes en sectores geográficos reducidos.

La geografía tucumana también aporta lo suyo. Las montañas ubicadas al oeste y al norte de la provincia funcionan como una barrera para los vientos cargados de humedad que ingresan desde el sureste. Cuando esas masas de aire chocan con las elevaciones, pueden producirse lluvias intensas y de corta duración, especialmente en las zonas de piedemonte.

Esa combinación de factores meteorológicos y geográficos representa un desafío para los sistemas de drenaje de las ciudades, que deben evacuar grandes volúmenes de agua en períodos muy breves.

Por qué se inunda la ciudad

El director del laboratorio de la UNT distinguió dos mecanismos principales que provocan inundaciones en Tucumán. El primero son las inundaciones pluviales, que se producen cuando la intensidad de la lluvia supera la capacidad de evacuación de los desagües urbanos.

En condiciones normales, el agua que cae sobre techos, veredas y calles circula hacia las cunetas, los primeros conductos de escurrimiento. Después ingresa por los imbornales o bocas de tormenta hacia desagües subterráneos o canales abiertos. En San Miguel de Tucumán, parte de ese sistema está integrado por los canales Cintura Norte y Cintura Sur, que conducen el agua hacia el río Salí.

Cuando las precipitaciones son demasiado intensas, la infraestructura no logra transportar todo el caudal y comienzan los anegamientos. "¿Por qué se inunda la ciudad? Porque la intensidad de la precipitación es mayor que la capacidad que tiene este sistema para evacuar las aguas", explicó Díaz.

El segundo mecanismo son las inundaciones por desborde, que ocurren cuando un río supera su capacidad de conducción y el agua abandona el cauce para avanzar sobre terrenos cercanos. En localidades como La Madrid, ambos procesos pueden presentarse al mismo tiempo y agravar las consecuencias de las crecidas.

Construir sobre el agua: el factor que agrava todo

Para el especialista, las lluvias no son el único factor que explica el aumento del riesgo hídrico. El crecimiento de las ciudades y la ocupación de terrenos que históricamente permitían el paso o la acumulación temporal del agua incrementaron la vulnerabilidad de la población.

Díaz explicó que el riesgo de inundación surge de la combinación de dos componentes: la amenaza natural, representada por las precipitaciones y crecidas, y la vulnerabilidad de las personas, viviendas e infraestructura expuestas. En Tucumán, esa vulnerabilidad aumentó a medida que se construyeron barrios y urbanizaciones sobre antiguos recorridos del agua.

Como ejemplo, recordó que el actual Parque 9 de Julio formaba parte de una zona pantanosa vinculada con los desbordes del río Salí. Antes de la regulación del río mediante el dique El Cadillal, esos terrenos funcionaban como espacios naturales de expansión del agua, que luego se liberaba de manera gradual. La desaparición o modificación de esas áreas redujo la capacidad natural del territorio para amortiguar las crecidas.

A ese proceso se sumó la impermeabilización del suelo por pavimentos, construcciones y superficies cubiertas. Donde antes el agua podía infiltrarse, ahora escurre rápidamente hacia las calles y los desagües, incrementando el volumen que debe ser evacuado.

El ingeniero también alertó sobre la presencia de viviendas en sectores que deberían permanecer libres de construcciones. "Tenemos viviendas que están inclusive en el cauce mayor del río Salí", advirtió. Además, mencionó ocupaciones irregulares en las franjas correspondientes al Camino de Sirga, especialmente junto al canal Cintura Norte y en determinados tramos del canal Sur. Según su evaluación, algunas de esas edificaciones nunca debieron ser autorizadas por los riesgos que representan para sus ocupantes y para el funcionamiento del sistema hídrico.

Deyecciones y paleocauces: cuando el agua reclama su lugar

Otro aspecto señalado por Díaz tiene que ver con la geología de la provincia. Numerosas poblaciones tucumanas se desarrollaron sobre abanicos de sedimentos acumulados durante siglos por el agua que desciende de las montañas, conocidos como lechos de deyección.

También existen asentamientos sobre paleocauces, antiguos recorridos de ríos y arroyos que dejaron de transportar agua de manera permanente, pero que pueden volver a activarse durante precipitaciones extraordinarias. "Estos cauces tienen una tendencia a volver por sus viejos lugares y hoy están ocupados", explicó.

El problema se agrava porque las pendientes pronunciadas de las zonas montañosas favorecen el desplazamiento rápido del agua. Esa velocidad incrementa su capacidad de arrastre y destrucción, mientras que la cercanía entre las áreas donde se originan las crecidas y las poblaciones expuestas reduce el tiempo disponible para adoptar medidas preventivas.

En el caso particular de La Madrid, Díaz sostuvo que determinadas intervenciones realizadas sobre zonas de bañados, entre ellas sectores vinculados con el río San Francisco, modificaron el comportamiento natural del agua. Según el especialista, algunas de esas transformaciones no fueron adecuadamente controladas o evaluadas y provocaron aportes adicionales de caudal, lo que contribuye a que las inundaciones sean más frecuentes y prolongadas.

Qué propone el especialista

Frente a este panorama, Díaz consideró necesario modificar la manera en que se planifican y ejecutan las políticas de prevención. Valoró las tareas de limpieza y recuperación de cauces que realiza el Gobierno provincial, pero advirtió que esos trabajos no deberían limitarse a intervenciones extraordinarias antes o después de las tormentas. "Esta prevención-mantenimiento debe hacerse todos los años", afirmó.

En ese sentido, propuso establecer una partida presupuestaria anual específica que permita desarrollar programas continuos de conservación y recuperación de canales y cauces. El objetivo sería intervenir de manera sistemática sobre toda la infraestructura hídrica provincial mediante ciclos de mantenimiento de dos o tres años.

Sin embargo, identificó una dificultad todavía más profunda: la ausencia de una institución encargada de coordinar la planificación hídrica a gran escala. "No hay un organismo que tenga a su cargo la planificación a gran escala", cuestionó.

A su criterio, Tucumán necesita una estructura capaz de anticipar distintos escenarios climáticos, desde temporadas dominadas por lluvias extraordinarias hasta períodos prolongados de sequía. También señaló que las responsabilidades relacionadas con el manejo del agua se encuentran distribuidas entre organismos que dependen de distintas áreas del Estado.

Esa fragmentación administrativa dificulta el trabajo conjunto de profesionales que cuentan con conocimientos técnicos, pero que muchas veces no pueden coordinar sus tareas por obstáculos burocráticos. "Técnicos bien formados en un organismo y en otro a veces no trabajan conjuntamente porque tienen dependencias distintas y hay una burocracia que no deja que trabajen juntos", sostuvo.

El especialista consideró que los organismos estatales deben disponer de recursos humanos y tecnológicos suficientes para controlar el cumplimiento de las normas y ejecutar las políticas públicas. En cambio, señaló que la universidad debe concentrarse en la investigación científica y en la formación de profesionales, mientras que las decisiones de gestión corresponden a las autoridades gubernamentales.

Díaz también advirtió que ninguna obra hidráulica puede garantizar la eliminación absoluta de las inundaciones. La función de estas intervenciones consiste principalmente en disminuir sus consecuencias, reduciendo tanto la altura que alcanza el agua en los sectores urbanos como el tiempo que permanece acumulada.

Por esa razón, planteó complementar la infraestructura con medidas de ordenamiento territorial. Entre sus propuestas mencionó la restricción de construcciones en zonas expuestas a inundaciones y la implementación de normas urbanísticas que establezcan límites a la superficie impermeabilizada de cada terreno.

También destacó una exigencia vigente para los nuevos emprendimientos urbanísticos: que el caudal máximo de agua que escurre después de realizar una construcción no supere al que se registraba previamente. La finalidad es impedir que una urbanización traslade sus problemas de drenaje hacia otros barrios ubicados aguas abajo.

El ingeniero consideró que ese criterio podría extenderse a las viviendas particulares mediante sistemas de retención temporal del agua de lluvia. Estas instalaciones permitirían almacenar parte de las precipitaciones y liberarlas gradualmente, evitando que todo el volumen llegue simultáneamente a las cunetas y desagües. De esa manera, sería posible disminuir la presión sobre la infraestructura existente y reducir la necesidad de ejecutar obras de dimensiones extraordinarias.

El especialista también reclamó la elaboración de mapas de riesgo hídrico para cada ciudad y urbanización de Tucumán. Esos estudios permitirían identificar los sectores más expuestos, establecer restricciones para construir y definir las condiciones que deberían cumplir los nuevos desarrollos inmobiliarios.

Para Díaz, la provincia necesita avanzar hacia un modelo de prevención que combine mantenimiento permanente, planificación territorial, coordinación institucional y obras hidráulicas adecuadas. El desafío, según su diagnóstico, no consiste solamente en construir más canales y desagües, sino también en evitar que el crecimiento urbano continúe ocupando los espacios naturales por donde históricamente circuló el agua.