Adolescentes captados por bandas: la advertencia de la ONU que sacude al Congreso Penal Juvenil en Salta

La especialista colombiana María Catalina González Moreno, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), disertó en el IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil que se realiza en el Centro de Convenciones de Salta. En diálogo con El Tribuno, puso el foco en la prevención, la inclusión y la justicia restaurativa, y advirtió sobre la situación de los adolescentes captados por estructuras criminales en la región.

González Moreno explicó que la UNODC acompaña a los Estados de la región andina y el Cono Sur en la implementación de estándares internacionales de justicia juvenil. Aunque cada país tiene su propio marco normativo, señaló que hay principios comunes: la intervención mínima del sistema penal, la garantía de los derechos humanos y los mecanismos de justicia restaurativa.

El avance del crimen organizado sobre los más jóvenes

Uno de los ejes de la entrevista fue la relación entre adolescentes y delitos vinculados con drogas. La especialista describió una realidad regional en la que los jóvenes son captados por organizaciones criminales, con especial incidencia en Colombia, Ecuador y Perú. Los delitos más frecuentes por los que ingresan al sistema penal son hurtos, robos y causas de tráfico o porte de estupefacientes.

Para González Moreno, estas situaciones revelan condiciones de vulnerabilidad extrema. “Son utilizados, son instrumentalizados y lastimosamente llegan a tener contacto con el sistema penal”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la respuesta estatal no puede limitarse al ámbito penal. “Es importante que los Estados comprendan las vulnerabilidades de las poblaciones, de los niños, de las niñas, de los adolescentes y desde ahí se haga una intervención más estructural desde los sistemas de protección y no solamente el sistema penal”, explicó.

La nueva ley argentina y el desafío de implementarla

Consultada sobre la nueva legislación penal juvenil en Argentina, González Moreno indicó que el análisis de la ONU parte del cumplimiento de los estándares internacionales. Consideró que la normativa local tiene apuestas interesantes en justicia restaurativa, pero advirtió que el principal obstáculo será su puesta en práctica.

“La ley se aproxima, tiene unas apuestas interesantes en materia de justicia restaurativa y el gran desafío será ponerlo en práctica”, afirmó.

Para lograrlo, señaló la necesidad de jueces y fiscales especializados, capacidades institucionales y recursos suficientes. El objetivo, dijo, es garantizar el debido proceso y, al mismo tiempo, trabajar en la inclusión social de los adolescentes.

Infraestructura y formación: condiciones ineludibles

La especialista también respondió sobre qué ocurre cuando un adolescente es acusado de un delito grave y qué condiciones de alojamiento debería prever el sistema. Planteó que la discusión debe abarcar tanto la infraestructura como la formación de los operadores.

“Las capacidades institucionales y de política son fundamentales, desde la infraestructura, desde la especialidad que tienen los operadores de justicia y los operadores o profesionales que acompañan a los adolescentes”, indicó.

Esas condiciones, subrayó, deben contemplarse sin importar el delito por el que haya ingresado el joven. Además de determinar la responsabilidad por el hecho, consideró imprescindible analizar las circunstancias que lo llevaron a esa situación. “Lo que hay que atender son las necesidades que tienen los adolescentes y qué fue lo que llevó a que transitara y llegara a cometer un delito”, sostuvo.

En ese punto introdujo una mirada que atraviesa buena parte de su exposición: la responsabilidad social en la prevención. “Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, porque somos todos responsables de que un menor de edad llegue a tocar el delito y a tocar estructuras criminales o organizaciones”, expresó.

Familia, escuela y comunidad: prevenir antes de que sea tarde

González Moreno remarcó que la intervención no debería comenzar cuando el adolescente ya ingresó al sistema penal. Para la especialista, la prevención exige la participación de la educación, la salud, las estructuras familiares y la comunidad.

“Ojalá llegáramos un poco antes de que los adolescentes toquen el sistema penal”, planteó. Y agregó que, una vez producido el ingreso, no hay que perder el vínculo con las redes primarias: “Cuando ya toca el sistema penal, seguir reforzando la estructura familiar, el sistema educativo y no desconectar al adolescente de sus redes primarias, eso es fundamental”.

La experiencia colombiana y los tribunales de drogas

Al referirse a otros países, destacó el desarrollo en Colombia de políticas públicas de justicia restaurativa. Mencionó programas que ofrecen alternativas dentro del sistema penal para determinados delitos, como los tribunales de drogas, pensados para adolescentes con consumo problemático de sustancias psicoactivas.

En esos casos, explicó, la respuesta no debe recaer exclusivamente en el sistema penal, sino que debe intervenir el sistema de salud. “El sistema penal no tiene la capacidad para gestionar esa situación, es el sistema de salud”, afirmó.

El abordaje incluye al adolescente, pero también a la víctima y a la comunidad. La especialista destacó que la víctima debe ser acompañada por las consecuencias psicológicas que puede dejar un delito, mientras que la comunidad forma parte del proceso de reconstrucción del tejido social afectado.

Neurodesarrollo: la ciencia como herramienta judicial

Por último, González Moreno adelantó uno de los ejes centrales de su disertación: la comprensión de la adolescencia a partir de los aportes de la neurociencia. Explicó que la UNODC ha realizado estudios académicos sobre esta etapa de la vida y sobre cómo esos conocimientos pueden iluminar las decisiones judiciales.

“Voy a abordar un poco la comprensión de la etapa de la adolescencia, de cómo desde Naciones Unidas, desde nuestra oficina, hemos hecho diferentes estudios académicos en el neurodesarrollo y cuáles son los aportes que trae la ciencia frente a la comprensión de la etapa de la adolescencia, y esto que implican las decisiones judiciales”, detalló.

El IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil se desarrolla bajo el eje “La especialidad como garante de la paz social”. Es organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), el Foro Penal Juvenil y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, con el auspicio del Gobierno provincial.