Adjudicaron la Hidrovía a un consorcio belga-argentino: prometen bajar un 13% los costos logísticos

El Gobierno oficializó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y anunció una reducción del 13,5% en los costos logísticos para el comercio exterior. La concesión por 25 años quedó en manos del consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus.

¿Quién se queda con la vía navegable troncal?

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) adjudicó la concesión al consorcio Jan De Nul-Servimagnus, que se encargará del dragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas. El proceso licitatorio, iniciado a fines de 2025, concluyó sin impugnaciones.

Según la documentación presentada, el proyecto prevé una facturación promedio anual de US$628,2 millones y un ingreso total estimado en US$15.707 millones durante toda la concesión.

¿Qué obras y beneficios se esperan?

El Gobierno destacó que la firma del contrato, prevista en los próximos 30 días, permitirá profundizar el canal, mejorar la seguridad de la navegación e incorporar tecnología para el control del narcotráfico. Las proyecciones indican un crecimiento del tráfico internacional del 38,1%, de cabotaje del 28,2% y de tránsito al norte de Santa Fe del 52,4%.

El Ministerio de Economía sostuvo que la concesión generará una reducción del 13,5% en los costos logísticos, lo que permitirá a los buques completar cargas en origen y mejorar la competitividad de las exportaciones.

Condiciones del contrato

El adjudicatario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico y presentar garantías por US$40 millones para el cumplimiento del contrato, más otra garantía especial de US$35 millones antes de la firma definitiva. El esquema será de obra pública por peaje, a riesgo empresario y sin financiamiento estatal. El contrato inicial es por 25 años, con posibilidad de prórroga por cinco más.

Las principales inversiones se concentrarán en los primeros siete años, mientras que la recuperación económica comenzaría en la segunda etapa. El Gobierno definió la adjudicación como el cierre de la privatización de la Vía Navegable Troncal, con el Estado manteniendo funciones de regulación y control.

La medida contó con el respaldo de cámaras exportadoras, entidades empresarias, operadores portuarios y gobiernos provinciales de la región.