Adiós al Estado: desde hoy, 1.871 kilómetros de rutas bonaerenses pasan a manos privadas
Desde el 1 de julio, dos empresas privadas toman el control de 1.871 km de rutas y autopistas en Buenos Aires y La Pampa. ¿Qué cambia para los conductores?
Un cambio histórico en la gestión vial de la Provincia de Buenos Aires: desde este 1° de julio, dos empresas privadas se hacen cargo de la explotación, administración y mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas que antes operaba la estatal Corredores Viales S.A.
Vialidad Nacional confirmó la firma de los contratos de concesión de los Tramos Pampa y Sur – Atlántico – Acceso Sur, correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. La empresa CORREDOR VIAL 5 S.A.U. tomará posesión del Tramo Pampa, mientras que RUTAS SUR ATLANTICO S.A. hará lo propio en el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur.
¿Qué empresas están detrás?
El consorcio ganador del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur está integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. En tanto, Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. se adjudicó el Tramo Pampa.
¿Qué rutas abarca cada tramo?
El Tramo Pampa incluye 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, desde Luján (Buenos Aires) hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, en La Pampa. Por su parte, el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur suma 1.325,17 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, más las autopistas Ezeiza – Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
Se trata de corredores estratégicos para la conectividad regional, el transporte de cargas, la producción y el turismo, que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
Inversión 100% privada sin aportes del Estado
Según informó Vialidad Nacional en un comunicado, “la Red Federal de Concesiones se desarrolla mediante un esquema de inversión 100 % privada, en el que las empresas concesionarias financian las obras y tareas de mantenimiento previstas contractualmente, mientras que Vialidad Nacional supervisa el cumplimiento de los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad exigidas”.
El nuevo modelo reemplaza esquemas que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento y apunta a “una gestión más eficiente de la infraestructura vial, orientada a brindar mejores condiciones de circulación para los usuarios”.
