Adiós a la matrícula obligatoria: los cinco cambios que prepara el Gobierno para el mercado inmobiliario

El ministro Federico Sturzenegger impulsa un proyecto que podría revolucionar el mercado inmobiliario al eliminar la matrícula obligatoria, liberar honorarios y permitir que cualquiera pueda intermediar. La iniciativa, que ingresaría al Congreso antes del 10 de agosto, ya genera fuerte debate.

¿Qué cambia con la desregulación?

El borrador propone cinco modificaciones clave: eliminar la matrícula obligatoria y el título universitario para ser corredor; quitar a los colegios profesionales su poder regulador; permitir operar en todo el país sin trámites adicionales; derogar sanciones por ejercer sin matrícula; y liberar la fijación de honorarios.

Detrás de todo hay un principio: considerar al corretaje como un servicio comercial, no una profesión regulada. Si se aprueba, alcanzará a corredores, inmobiliarias, plataformas digitales y a quienes compran, venden o alquilan.

El fin de la matrícula obligatoria

Hoy, para intermediar en compra, venta o alquiler se necesita matrícula habilitante y, en muchos casos, título universitario. El proyecto elimina esas exigencias y permite que cualquier persona física o jurídica preste servicios de intermediación, siempre que respete las normas generales.

El Gobierno asegura que esto ampliará la competencia y reducirá barreras de ingreso. Críticos advierten que sin matrícula se pierde una garantía para los consumidores.

Colegios profesionales: de reguladores a asociaciones

Los colegios inmobiliarios perderían su rol de control. Hoy administran matrículas, aplican sanciones y pueden suspender corredores. Con la reforma, pasarían a ser asociaciones civiles voluntarias, sin facultades regulatorias.

Mientras el Gobierno confía en el Código Civil y la Ley de Defensa del Consumidor, los colegios sostienen que desaparecería un mecanismo específico de supervisión.

Sin fronteras provinciales

Actualmente, un corredor matriculado en una provincia necesita nuevos trámites para operar en otra. El proyecto elimina esas restricciones: las inmobiliarias podrían trabajar en todo el país sin gestionar múltiples habilitaciones.

Esto beneficiaría a franquicias y plataformas tecnológicas, que tendrían un esquema unificado.

Honorarios libres

Se eliminarían las escalas orientativas de comisiones fijadas por los colegios. Cada empresa o corredor podría acordar libremente sus honorarios con los clientes.

Para el Gobierno, esto bajaría costos. Otros temen que una competencia solo por precio afecte la calidad del servicio.

Más tecnología y nuevos jugadores

La redefinición del corretaje como actividad comercial abriría la puerta a proptech, bancos, fintech y marketplaces. También se espera la incorporación de inteligencia artificial, tasaciones digitales y contratos electrónicos.

Voces a favor y en contra

Jorge Amoreo Casotti, CEO de PINT, respalda la iniciativa: “El corretaje siempre fue una actividad comercial, la regulación impuso restricciones innecesarias”. Mariano García Malbrán, de CAMESI, cree que la apertura acelerará la modernización.

En la vereda opuesta, Miguel Chej Muse, del Colegio Inmobiliario porteño, advierte que “eliminar la matrícula reduce las garantías” y desprofesionaliza la actividad. El debate recién comienza.