Adicciones, falta de camas y un sistema que llega tarde: la dura radiografía de una jueza de Orán sobre los menores

La jueza María Laura Toledo Zamora encendió una alerta sobre la situación de los adolescentes en el Distrito Orán: el 80% de los menores que llegan a su juzgado lo hacen por adicciones, y el sistema no está preparado para contenerlos.

La magistrada, que integra el Tribunal de Juicio y tiene competencia en el Régimen Penal Juvenil, analizó la puesta en marcha del nuevo marco legal que establece la responsabilidad penal para chicos de entre 14 y 17 años. Y en ese análisis dejó en evidencia las falencias que existen en el interior provincial para afrontar esta nueva realidad.

“El problema empieza en casa”

Toledo Zamora fue contundente al explicar que el sistema judicial interviene cuando las instancias de prevención y contención ya fallaron. “El problema empieza en casa; ya cuando llegó el problema a mí es porque no hubo prevención y no hubo contención”, señaló.

La jueza puso el foco especialmente en el consumo problemático de sustancias, una problemática que, según dijo, atraviesa a distintos sectores sociales. “El 80% de los menores que recibimos es por adicciones”, remarcó.

En cuanto a los delitos que llegan al fuero penal juvenil en la zona, describió un abanico preocupante: robos calificados, abusos sexuales, delitos cometidos a través de redes sociales y episodios de violencia escolar en los que se utilizan armas blancas.

Del análisis de los expedientes, además, surge con frecuencia un “abandono material y moral importante”. Por eso, Toledo Zamora consideró fundamental evaluar el contexto familiar y socioeducativo de cada adolescente antes de adoptar una decisión judicial.

Falta de infraestructura y personal

La aplicación del nuevo régimen también genera preocupación por la falta de infraestructura en el norte provincial. La normativa establece un máximo de 15 años de prisión, prohíbe la prisión perpetua y contempla sanciones alternativas, como amonestaciones, trabajos comunitarios y monitoreo electrónico.

La magistrada insistió en que la privación de la libertad debe ser utilizada como último recurso, especialmente frente a las limitaciones actuales del sistema. Y ejemplificó con datos contundentes: “Tenemos 24 camas para varones en un distrito de más de 150.000 habitantes y no tenemos dónde alojar a las menores mujeres”, advirtió.

Ante la posibilidad de que el nuevo régimen implique un aumento de adolescentes privados de su libertad, Toledo Zamora remarcó que “nos faltan recursos y equipos interdisciplinarios para funcionar”.

Por eso, además de la respuesta judicial, reclamó políticas de prevención y mayores herramientas para intervenir antes de que los adolescentes ingresen al sistema penal. Para la jueza, el desafío no pasa solamente por aplicar las nuevas sanciones, sino por fortalecer la contención familiar, social y educativa que permita evitar que los conflictos terminen en los tribunales.