Acueducto Gran Tulum: quién debe investigar la causa y por qué la defensa quiere sacarla de San Juan

La causa por el Acueducto Gran Tulum entró en una pulseada que puede definir su futuro procesal: la defensa de los imputados pidió que el expediente pase a la Justicia Federal, mientras la parte denunciante sostiene que debe seguir en San Juan. El planteo ya está en manos del juez federal Daniel Rafecas, que todavía no resolvió nada.

El abogado Nasser Uzair, defensor en la causa, explicó los fundamentos del pedido. Según sostuvo, la competencia federal corresponde “porque así lo determinan las leyes de la Nación cuando hay una afectación del erario público nacional”. Y agregó que, cuando están comprometidos fondos de ambas jurisdicciones, la jurisprudencia prevé la intervención del fuero federal.

Qué busca la defensa con el cambio de fuero

Para Uzair, la investigación debe abarcar de forma integral el financiamiento, la ejecución y los controles de la obra. Su postura es que dividir los hechos por jurisdicción podría dejar incompleta la búsqueda de responsabilidades.

El escrito presentado no se limita a discutir el origen de los fondos. También pone bajo la lupa cómo se definió el universo de personas investigadas y cuestiona la imparcialidad con la que, según la defensa, se maneja el expediente.

Entre los puntos que plantea aparecen interrogantes sobre la citación de Cristian Andino, expresidente de OSSE y actual diputado nacional, y sobre el trato dado a otros funcionarios que, a criterio de la defensa, también tuvieron responsabilidades en el proyecto. En ese marco menciona al exgobernador José Luis Gioja y al actual titular de OSSE, José Luis Beltrán.

Se trata de cuestionamientos de la defensa, no de conclusiones judiciales sobre irregularidades en la actuación de los investigadores. La presentación busca respaldar el pedido de que intervenga otro fuero, con el argumento de que el expediente debe tramitar ante una jurisdicción independiente de los actores locales.

Uzair negó que la movida tenga como objetivo dilatar el caso. “Esto no es una cuestión de estrategia, esto es una cuestión de aplicación del derecho como corresponde, porque estamos en un Estado de derecho”, afirmó.

Los escenarios que se abren

Por ahora Rafecas no aceptó la competencia federal ni ordenó el traslado del expediente. El 13 de octubre pidió informes urgentes a la UFI Delitos Especiales y a la jueza Lucero para conocer el objeto y el estado de la investigación provincial.

Con esa información, el juez podrá evaluar si la Justicia Federal debe reclamar el expediente. Si considera que le corresponde intervenir, podría declararse competente y pedir que la jueza sanjuanina se aparte.

Si la Justicia provincial acepta el planteo, la causa podría pasar a Comodoro Py. Si, en cambio, Lucero entiende que la investigación corresponde a San Juan y rechaza el pedido, se abriría un conflicto de competencia que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendría que definir qué jurisdicción interviene.

Uzair también advirtió que, si Rafecas rechazara la inhibitoria, la defensa podría apelar esa decisión por las vías procesales correspondientes. La disputa, entonces, podría extenderse más allá de la primera resolución del juzgado federal.

Otro punto que marcó el abogado es qué debería pasar con la investigación provincial mientras se resuelve la competencia. Desde su perspectiva, San Juan debería abstenerse de avanzar en determinadas actuaciones mientras se define el fuero, y advirtió que continuar podría generar un problema jurídico.

Esa es, sin embargo, la interpretación de la defensa: el pedido de informes de Rafecas no suspendió automáticamente la causa provincial ni implicó que la Justicia Federal ya haya asumido el expediente.

El calendario judicial, en el centro de la disputa

El planteo cobra relevancia por los tiempos del proceso. La audiencia de formalización en San Juan fue reprogramada para el 10 de noviembre, después de las ausencias de Uñac y Andino, que alegaron obligaciones laborales en el Congreso. La discusión por la competencia corre por un carril propio y sigue sin resolverse.

El abogado Arancibia, impulsor de la denuncia, rechazó que la presencia de fondos nacionales e internacionales alcance para justificar el pase de toda la causa al fuero federal. Su argumento central es que hay que distinguir entre los contratos vinculados a la obra: la provisión de cañerías, por un lado, y la obra civil, por el otro.

Según explicó, su denuncia se refiere a la adquisición de los caños y no a la ejecución de la obra civil, que sí tuvo financiamiento de distintas fuentes. En su lectura, la contratación cuestionada fue gestionada por organismos provinciales: desde el llamado a licitación y la adjudicación hasta la firma del contrato, las modificaciones de precios, la aprobación del proyecto y los controles de calidad de los materiales.

“La denuncia no involucra esta licitación, está fuera. Por lo tanto, invocar que había recursos nacionales es absolutamente absurdo porque la obra civil no está siendo investigada penalmente”, sostuvo Arancibia para explicar por qué cree que el expediente debe quedar en San Juan.

Su postura es que la competencia no se define solo por el origen del dinero, sino también por quién administró los recursos y qué organismo tuvo a cargo la contratación bajo investigación. Desde esa mirada, la existencia de fondos nacionales para otras partes del proyecto no trasladaría por sí sola la causa por la compra de cañerías al fuero federal.

Arancibia interpretó que el planteo de la defensa puede demorar el avance del expediente. “Lo que están procurando es ese conflicto para que la Corte Suprema, que por la Constitución Nacional debe intervenir para definir quién es competente, resuelva. Bueno, no tiene plazo y ese plazo puede ser un día o pueden ser 10 años”, afirmó.

El excandidato a gobernador sostuvo además que una controversia que llegue a la Corte podría prolongarse sin plazo cierto y afectar el avance de la causa. En su interpretación, la demora podría beneficiar a los imputados si los tiempos judiciales acercan los hechos investigados a la prescripción. Es su lectura sobre la estrategia de la defensa, no un propósito acreditado judicialmente.

La interna peronista como telón de fondo

La discusión por la competencia está además atravesada por la interna del peronismo sanjuanino. En pasillos y cafés, tanto de Tribunales como de despachos de dirigentes, circularon versiones que vinculan el avance de la causa con la disputa histórica entre los sectores de Gioja y Uñac. No hay, sin embargo, elementos comprobados que permitan afirmar que el exgobernador Gioja haya intervenido para impulsar el expediente.

Lo que sí es de público conocimiento es que el fiscal de la causa, Sebastián Gómez, fue propuesto por el diputado giojista Mario Herrero. No se trata de una cuestión vinculante: todos los sectores votaron por Gómez en la Cámara de Diputados.

Desde el entorno de Uñac y Andino, en cambio, la investigación es interpretada como una operación para desgastar políticamente a dirigentes del peronismo con proyección electoral hacia 2027. Esa lectura ganó fuerza después de que Andino quedara involucrado en la causa. El término lawfare, usado por sectores del PJ para cuestionar procesos judiciales que consideran políticamente motivados, forma parte de ese discurso, junto con el forum shopping.

A eso se suma una lectura sobre las relaciones políticas de los distintos sectores con la Justicia Federal. El peronismo mantuvo históricamente canales de interlocución con el Poder Judicial de la Nación, y se alude a la relación que Uñac tendría con el juez federal Ariel Lijo y con el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.