Abusó de una adolescente en Zapala y casi zafa de la cárcel: la jugada clave del fiscal

La historia de una adolescente de Zapala que sufrió abusos sexuales por parte de un hombre con el que convivía parecía condenada a un final sin castigo real. Sin embargo, una apelación clave del Ministerio Público Fiscal (MPF) dio vuelta el expediente y terminó con una pena de prisión efectiva.

Los hechos se remontan a 2022, cuando el acusado, identificado por sus iniciales como R.A.G., cometió un abuso sexual con acceso carnal contra la víctima, aprovechando la relación de convivencia y autoridad que ejercía en el hogar. Al año siguiente repitió el ataque, esta vez mediante tocamientos, en la modalidad de delito continuado.

El primer juicio y la pena en suspenso

La investigación llegó a juicio por esos dos hechos y un tercero, todos ocurridos entre 2022 y 2023. En junio de 2025, el tribunal integrado por Diego Chavarría Ruiz, Eduardo Daniel Egea y Juan Pablo Balderrama declaró responsable al imputado solo por el abuso sexual simple agravado por la convivencia, cometido de forma continuada durante 2023, y le impuso tres años de prisión de ejecución condicional. Los otros dos cargos, que tenían una calificación legal más grave, fueron absueltos.

El asistente letrado Eduardo Dedominichi, a cargo de la acusación, impugnó ese fallo. Un nuevo tribunal le dio la razón y ordenó repetir el juicio por uno de los hechos que habían sido descartados.

Nuevo juicio, nueva condena

El segundo proceso concluyó el 7 de septiembre pasado con una declaración de responsabilidad por el abuso sexual con acceso carnal de 2022, agravado por el aprovechamiento de una convivencia preexistente con una persona menor de 18 años.

En la audiencia de determinación de pena, la fiscalía, junto a la Defensoría de Niñez y Adolescencia —que actúa como querella institucional en representación de la víctima—, solicitó 12 años de prisión de cumplimiento efectivo y la unificación con la condena anterior. El pedido se apoyó en la extensión del daño y la asimetría de poder entre el acusado y la adolescente. Para respaldar esos agravantes declararon profesionales de trabajo social y una psicóloga que acompañó terapéuticamente a la víctima.

Finalmente, el tribunal compuesto por Ignacio Pombo, Bibiana Ojeda y Laura Barbé le impuso al condenado 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por el hecho de 2022 y unificó esa pena con los 3 años anteriores. La pena única quedó en 8 años y 3 meses de prisión efectiva.

Seguimiento de la pena y protección de la identidad

Como parte del fallo, R.A.G. será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS). La víctima, que lo había pedido ante el tribunal, será informada sobre las resoluciones que se tomen durante la ejecución de la pena.

El nombre del condenado se mantiene en reserva para evitar que, a través de su identificación, pueda conocerse la identidad de la adolescente. La medida busca proteger su intimidad y evitar cualquier dato que permita individualizarla.