Absolvieron a 7 productores pero condenaron a dos exfuncionarios: el fallo que sacude a Pergamino
¿Qué pasó con los productores acusados de contaminar con fitosanitarios? El tribunal los absolvió, pero dos exfuncionarios terminaron condenados. El detalle de un fallo que sacude a Pergamino.
El histórico juicio por fitosanitarios en Pergamino terminó con un veredicto que absolvió a siete productores pero condenó a dos exfuncionarios municipales. La sentencia, dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, reconfigura las reglas de responsabilidad en el sector agropecuario.
Los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario no hicieron lugar al pedido de la Fiscalía, que había solicitado penas de hasta 4 años y 3 meses de prisión efectiva, inhabilitación por 8 años y el decomiso de cinco establecimientos rurales. En cambio, absolvieron a los productores Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Carlos y Hugo Sabatini, al aplicador Cristian Taboada y al ingeniero agrónomo José Luis Grattone.
¿Por qué los absolvieron?
El tribunal determinó que, aunque existen evidencias científicas de que los fitosanitarios pueden causar daños ambientales y de salud, no se pudo acreditar responsabilidad penal directa e intencional bajo las leyes vigentes. Las falencias en las constataciones de los hechos impidieron ligar las aplicaciones con los daños denunciados.
Los productores estaban imputados bajo la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos por presunta contaminación continua. Grattone, por su parte, había sido señalado por autorizar una pulverización cerca de una escuela.
El foco en el Estado: dos condenados
Donde la Justicia Federal sí encontró delito fue en el municipio. Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, exintegrantes de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino, fueron condenados a dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para los magistrados, quedó probado que la población afectada emitió “innumerables alertas” que debieron fiscalizarse de inmediato. La inacción de los inspectores no fue por ignorancia, sino por una “ausencia estructural de controles”.
El tribunal subrayó que esta omisión no solo vulneró a los vecinos, sino que desarticuló las pruebas que hubieran permitido vincular las aplicaciones con los daños. Además, aclararon que los condenados son solo “los eslabones más bajos” e instaron a investigar a las autoridades municipales entre 2011 y 2019.
Un mensaje político: “un juez penal no es un superhéroe”
El fallo aprovechó para enviar un mensaje sobre el vacío normativo. Exhortó a dirigentes políticos y al sector productivo a generar una “mesa de diálogo” urgente para consensuar regulaciones sustentables, advirtiendo que las restricciones actuales no pueden ser eternas para una actividad económica clave.
Las imágenes del veredicto y del fallo judicial acompañan esta nota.
