Ábrego García creía tener un destino asegurado para su deportación: el giro que ahora analiza una jueza

El gobierno de EE.UU. ya tenía todo listo para enviarlo a Liberia, pero la defensa de Ábrego García movió el tablero con un destino inesperado. Una jueza federal deberá decidir si acepta el planteo y frena la deportación.

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Ábrego García creía tener un destino asegurado para su deportación: el giro que ahora analiza una jueza
Ábrego García creía tener un destino asegurado para su deportación: el giro que ahora analiza una jueza

El caso de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue expulsado por error a El Salvador en 2025, sumó un nuevo capítulo judicial en Estados Unidos. La jueza federal Paula Xinis, de Maryland, deberá resolver si el gobierno puede avanzar con su deportación a Liberia, según lo retomado por CBS News.

La defensa de Ábrego García cuestionó esa alternativa y sostuvo que la medida "busca castigarlo por haber cuestionado judicialmente aquella deportación". Sus abogados señalaron que el latino eligió Costa Rica como destino para una eventual expulsión y que ese país manifestó su disposición a recibirlo y a ofrecerle residencia o protección como refugiado.

"Así como el gobierno ejerció ilegalmente sus poderes criminales contra Ábrego García, ahora busca explotar ilegalmente sus poderes migratorios contra él", afirmaron sus representantes, según lo retomado por CBS News.

Del otro lado, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) pidió a Xinis que rechace los planteos de la defensa. En los documentos presentados ante el tribunal, el gobierno argumentó que las acusaciones formuladas por Ábrego García no tienen sustento jurídico para impedir el traslado a Liberia.

Los países que se negaron a recibirlo

Con la imposibilidad de enviarlo a El Salvador, el gobierno federal comenzó a evaluar terceros países. Uganda, Eswatini y Ghana estuvieron entre las opciones consideradas, pero ninguno aceptó recibirlo.

Ahora, las autoridades sostuvieron que Liberia está dispuesta a admitirlo y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podría organizar un vuelo chárter para concretar el traslado.

El antecedente de la expulsión errónea

El caso tiene como punto de partida una orden emitida en 2019 que impedía que Ábrego García fuera enviado a El Salvador. En ese momento, un juez migratorio había concluido que existía un riesgo de persecución y amenazas contra él por parte de pandillas si regresaba a ese país.

Pese a esa protección judicial, las autoridades migratorias lo deportaron a El Salvador en marzo de 2025. Allí fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT.

Después de distintas decisiones judiciales que cuestionaron esa decisión, el gobierno estadounidense lo trasladó nuevamente a EE.UU. en junio de ese año. Al regresar, quedó detenido en Tennessee y fue acusado de tráfico de personas.

La investigación estaba relacionada con una parada de tránsito ocurrida en noviembre de 2022, cuando conducía un vehículo en el que viajaban otras nueve personas. En aquel momento recibió una advertencia, pero el expediente fue reabierto posteriormente.

En agosto del año pasado recuperó la libertad bajo determinadas condiciones, aunque luego volvió a quedar bajo custodia del ICE. En diciembre, Xinis ordenó su liberación al considerar que no existía una orden definitiva de expulsión que justificara su detención. En febrero de 2026, la magistrada dictó otra medida que impedía que la agencia federal volviera a detenerlo en esas circunstancias.

Un fallo que desestimó la causa penal

El debate migratorio se desarrolla después de otro fallo relacionado con Ábrego García. En mayo del año en curso, el juez federal Waverly Crenshaw, de Tennessee, desestimó la acusación por tráfico de personas.

El magistrado concluyó que el procesamiento impulsado por el DOJ constituyó una represalia vinculada con las acciones judiciales emprendidas por Ábrego García. El gobierno federal apeló esa resolución en agosto.

Para los abogados del ciudadano salvadoreño, la acusación penal y los actuales intentos de deportación forman parte de una misma estrategia destinada a sancionarlo por haber cuestionado la expulsión que lo llevó a El Salvador en 2025.

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