A un año de la condena, el peronismo redobla la denuncia contra la Corte y pide cambios en la detención de Cristina
A un año de la condena firme, el peronismo volvió a denunciar persecución y pidió mejores condiciones de detención para Cristina Kirchner. ¿Qué argumentos usaron y qué dijeron sobre la tobillera?
Un año después de que la Corte Suprema confirmara la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, los bloques de Unión por la Patria en el Congreso volvieron a la carga. Esta vez, no solo denunciaron una persecución política, sino que también pidieron mejoras en las condiciones de su prisión domiciliaria, que consideran excepcionales y desproporcionadas.
“Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, disparó Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de UP, durante la conferencia en el Congreso. El peronismo sostiene que el trato diferencial no tiene justificación y que la decisión judicial tuvo consecuencias que van más allá del expediente original.
¿Qué reclama el peronismo?
En una carta dirigida a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, los legisladores expresaron su “más rotundo rechazo, preocupación y repudio” por lo que consideran una persecución política a través del Poder Judicial. Según el documento, la ratificación de la condena ocurrió siete días después de que Cristina anunciara su candidatura a diputada provincial, lo que para ellos evidencia una “finalidad política explícita” para impedir su participación electoral.
“Las fuerzas políticas democráticas en la Argentina no pueden permanecer calladas ni mirando para otro lado frente a todas las arbitrariedades cometidas contra Cristina”, afirmó Martínez. Y agregó: “El silencio no va a impedir que estos rasgos antidemocráticos terminen recayendo sobre todo el sistema institucional”.
Las duras condiciones de la prisión domiciliaria
Pero el reclamo no se limitó a la condena. Buena parte del planteo se centró en las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta, especialmente el uso de tobillera electrónica y las restricciones de visitas. Los legisladores aseguran que son más severas que las que se aplican en otros casos similares. Como ejemplo, mencionaron un informe del Congreso que revela que, de 2.513 detenidos con prisión domiciliaria, menos del 20% usa tobillera y menos del 1% tiene restricciones de visitas.
“Esto demuestra que, además de persecución política, hay un ensañamiento injusto que no respetó las garantías constitucionales”, dijo el senador Mariano Recalde. Y sentenció: “No es un fallo jurídico, sino político”.
Dirigentes como Cecilia Moreau, Juliana Di Tullio y Kelly Olmos replicaron el mensaje en redes sociales, hablando de “prisión injusta” y “uso del Partido Judicial para perseguir y proscribir”.
